Carmen San José sobre la Sanidad

PLATAFORMA DE CENTROS SANITARIOS 100 X 100 PÚBLICOS

Carta a los grupos parlamentarios

Nos dirigimos a ustedes para exponerles el siguiente problema.

Hace tres años, el 4 de julio del 2012, el gobierno que presidia Esperanza Aguirre, aprobó una ley que suponía la extinción de 26 categorías profesionales no sanitarias. Dicha ley, plantea que los servicios no sanitarios de hospitales públicos y centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, pueden ser privatizados en cualquier momento.

En su día se llevaron a cabo movilizaciones que coincidieron en el tiempo con la Marea Blanca que logró la paralización de una parte del Plan de Sostenibilidad del SERMAS. Sin embargo, esta ley no se ha suprimido. Continúa vigente como otros servicios esenciales: Lavandería Central o Centro de Transfusión.

Nos parece cuanto menos paradójico que el nuevo gobierno del Partido Popular afirme por un lado que no se van a llevar a cabo más privatizaciones en la sanidad pública madrileña, y, por otro lado, mantenga leyes como la 4/2012 que van en una dirección completamente contraria.

Nuestra experiencia, como trabajadores y usuarios del sistema sanitario público, nos ha demostrado a lo largo de todos estos años, que muchas veces, es tan importante un servicio no sanitario integrado dentro del propio hospital o centro sanitario como un servicio sanitario cualquiera. La comida, la limpieza, las condiciones medio ambientales, el mobiliario, todo ello forma en su conjunto lo que llamamos un servicio integral para una atención de calidad del paciente.

Por esa razón, el personal del SERMAS afectado por esta normativa, junto a otros compañeros sanitarios y colectivos de usuarios, hemos constituido una plataforma con el objetivo de exigir la derogación de esta ley. Estamos llevando a cabo asambleas y en las próximas fechas intentaremos que nuestra movilización se visualice y sea apoyada por todos los ciudadanos de Madrid.

A los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid les pedimos que, a través de una iniciativa parlamentaria, unan sus votos y sus fuerzas para derogar, definitivamente, una ley que es un peligro para el sostenimiento y mantenimiento de un sistema sanitario público, universal y de calidad.

Un saludo

LA SANGRE QUE SE ENTREGA DE FORMA ALTRUISTA NO SE VENDE

Hemos elegido para el control al Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Pleno de hoy (15 de Octubre ) una pregunta acerca del incumplimiento por parte de la Cruz Roja del Convenio que firmó con el Servicio Madrileño de Salud, mediante el cual se privatizaban las extracciones de sangre.

Esta recogida de sangre en las calles y centros de trabajo hasta entonces lo hacia el Centro de Transfusión dependiente de la Comunidad de Sanidad.

El citado Convenio cuesta a la Consejería de Sanidad unos 9,3 Millones de euros al año. Además el Centro de Transfusiones tuvo que transferir a la Cruz Roja todo el material que para esas recolectas necesitaba y era propiedad del CT: 6 autobuses, 1 minibus, 5 forgonetas, 3 turismos y todo el material fungible necesario para las extracciones.

Según los y las trabajadoras del CT cuando finalice este año se habrá perdido en fondos públicos aproximadamente 1 Millón de €.

A continuación la exposición de motivos que se entregó para realizar la citada pregunta :

Desde el año 2014 el Servicio Madrileño de Salud privatizó el servicio de extracciones de sangre firmando un Convenio con la Cruz Roja.

El servicio de extracciones de sangre que se realizaba en las unidades móviles hasta entonces lo gestionaba el Centro de Transfusión dependiente del SERMAS, a partir de la firma del citado Convenio es la Cruz Roja quien se encarga de las extracciones en la calle, con el transporte y material fungible que le proporciona el propio CT. El coste de este Convenio supone un desembolso de 9,3 Millones de €.

El Centro de Transfusión actualmente coordina todas las actividades relacionadas con la hemodonación en la Comunidad de Madrid: promoción y planificación de toda la donación de sangre y plasma, así como su recepción, procesamiento, análisis y distribución de los componentes sanguíneos a todos los hospitales de Madrid, 67 entre públicos y privados, cinco de ellos en la lista de los hospitales más grandes y complejos de la sanidad nacional.

El CTCM gestiona así en torno a 250.000 donaciones de sangre al año, que permiten distribuir 245.000 concentrados de hematíes, 45.000 unidades de plasma y 45.000 unidades de plaquetas. Es un centro estratégico para el mantenimiento de la actividad hospitalaria, ya que es requerida para una parte de las 200.000 cirugías de los hospitales públicos, en torno a un 2-3% de los partos que por complicaciones requieren transfusiones y los más de 3000 transplantes que se realizan. Además, se necesita para otras patologías como anemias crónicas o procesos oncológicos donde es frecuente tener que transfundir.

Su calidad científico técnica es una realidad acreditada durante años como lo demuestra su Laboratorio de Histocompatibilidad para el estudio y análisis de las muestras de sangre para poder establecer la compatibilidad entre donantes y pacientes. O el laboratorio de referencia de Técnicas Especiales al que todos los hospitales de Madrid y otras comunidades autónomas envían, para su estudio, las muestras de pacientes subsidiarios de transfusión que presentan problemas inmunohematológicos complejos. O la propia área de criopreservación donde se atienden aquellos pacientes que cuentan con fenotipos sanguíneos raros.

En el ámbito docente, el CTCM contribuye decisivamente a la formación de todos los Médicos Internos residentes (MIR) de Hematología y Hemoterapia de Madrid.

Todo esto parece ignorarlo el SERMAS cuando realizó el citado Convenio, que se puso en marcha el 1 de marzo del año pasado y que establece que la Cruz Roja recibirá 9,3 millones de euros con el objetivo de extraer 140.000 unidades de sangre al año, y 1.200 de unidades de aféresis, (67€ por bolsa). Además, se les cederá parte del equipo de las unidades móviles para las extracciones: 6 autobuses, 1 minibús, 5 furgonetas y 3 turismos.

Hasta la firma del Convenio, tanto Cruz Roja como el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid extraían sangre en la calle y en sus propios centros. Luego, la procesaban, la almacenaban y la distribuían a los hospitales. En el caso del Centro de Transfusión iba sólo a centros públicos, mientras que en el caso de Cruz Roja iba a públicos y, sobre todo, a privados. Los centros privados le daban a cambio unos 10 millones de euros al año.

A partir del Convenio firmado con entre la Consejería de Sanidad y la Cruz Roja esta se encargará en exclusiva de la extracción de sangre en la calle con las unidades móviles, y el Centro de Transfusión asumirá el resto del proceso, además de las donaciones que ya gestionaba en sus propias instalaciones. Pasando de esta forma la Consejería de Sanidad a encargarse ahora de gestionar toda la sangre que se dona y, por tanto, tras pagar a Cruz Roja a razón de 67 € por bolsa, de cobrar por la entrega que se hace a los centros privados de las unidades que necesitan. De esto no se conocen facturas de que se hayan realizado estos cobros.

Hay que hacer constar que la sangre que recoge la Cruz Roja de las donaciones altruistas de madrileñas y madrileños se la cobra al CT a razón de 67€ por unidad.

A pesar de Convenio firmado en el año 2014 el Centro de Transfusiones no recibió las unidades pactadas sino un 13% menos (se pactaron 60.500 y llegaron 52.463 unidades). Y tampoco parece que se vayan a alcanzar en este año 2015, porque el ritmo de extracciones ha sido aún peor, en concreto un 17% menos. Y hasta el momento no se han entregado ninguna unidad de aféresis multicomponentes, según los datos recopilados por los trabajadores del centro.

La Cruz Roja no ha cumplido con el objetivo del número de las extracciones acordadas, cuando el abono de los servicios se realiza mensualmente “a cuenta” por importe del 95% de la doceava parte del importe anual previsto. Hasta agosto de este año, el total sube a 5,9 millones de euros (cuando han llegado bolsas por valor solo de 5,1 millones) aunque al acabar el ejercicio se ajuste el precio.

Los trabajadores y trabajadoras que antes prestaron sus servicios en el CT sufrieron la movilidad forzosa a diversos centros sanitarios de la CM, sin respetar en muchos casos su cualificación.

Por todos estos motivos el Grupo Parlamentario de PODEMOS pide rescindir el Convenio que el SERMAS suscribió con la Cruz Roja privatizando las donaciones de sangre ya que constituye un despilfarro por:

• La incapacidad para cubrir las necesidades de sangre de los centros sanitarios públicos.

• El incremento en el coste de la extracción de sangre.
• El encarecimiento de las unidades de sangre.
• No haberse realizado ninguna aféresis de las pactadas
• No facturar a los centros privados

POBREZA FARMACOLÓGICA

Pleno del 8 de Octubre

Hoy presentamos dos preguntas parlamentarias de respuesta en pleno, que más allá de presionar al gobierno regional y, con suerte, ponerle en evidencia, no suelen ir más allá. Cierto que a base de insistir en un tema, y ser capaces de ponerlo en la agenda política, y que los medios se hagan eco del mismo, quizás se pueda conseguir ciertos cambios en las políticas del gobierno regional. No se cuanto efecto tendrá, pero ahora es nuestra labor parlamentaria.

Desde luego lo que podemos conseguir hasta las próximas elecciones generales del 20 Diciembre es mucho más, probablemente, que en los meses siguientes, si no hay un cambio de gobierno después de las mismas.

Y comprobando como la ilusión electoral está primando en la población hasta el punto de que no existe movilización social prácticamente, esperando todos y todas a que las urnas den un vuelco en el panorama político.

La primera tiene que ver con el copago que creó el RDL 16/2012 y la desfinanciación de más de 400 fármacos en plena crisis para los y las enfermas que no cuentan con suficientes recursos económicos para pagar su medicación. Pedimos al gobierno que cree una partida presupuestaria para paliar esta discriminación de las personas más vulnerables y enfermas.

La segunda pregunta es acerca de la discriminación que sufren las mujeres sin pareja masculina de la fertilización in vitro, exigiendo que esta prestación la recoja la cartera de servicios del SEMAS.

Por otra parte el PSOE ha preguntado acerca de la intencionalidad de los tuits desde 112 que pensaba usar el gobierno regional para darse publicidad.

Pregunta oral de contestación en el pleno:

¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO REGIONAL RESOLVER LA SITUACIÓN DE NUMEROSAS PERSONAS QUE NO PUEDEN CONTINUAR SUS TRATAMIENTOS, ESENCIALES PARA SU SALUD, PORQUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS?

Hace unas semanas Sr. Consejero nos habló del RDL 16/2016 y de como había propiciado la sostenibilidad del sistema sanitario al evitar despilfarros como los que sucedían con la tarjeta sanitaria o con el turismo sanitario.

Pero como tuve ocasión de recordarle este RDL es el de la exclusión sanitaria y el copago. Por esto desde entonces numerosas personas no pueden seguir su tratamiento al carecer de recursos económicos para comprar las medicinas que les son prescritas. Son pacientes para los que el RDL les ha supuesto un claro empeoramiento de su salud...

Ni el Ministerio, ni ustedes han llevado a cabo ningún estudio sobre el negativo impacto que ha causado este RDL a pesar de las peticiones en ese sentido, pero diversas organizaciones profesionales y en defensa de la sanidad pública han hecho estudios y encuestas que desde la evidencia atestiguan cómo afecta a los pacientes que no retiran de las farmacias la medicación que se les ha recetado. Hasta un 72 % de los médicos de familia reconocemos que nuestros pacientes nos han pedido que les cambiemos la Medicación por otra más barata porque no la pueden comprar. O la que constata que hasta un 14% de pensionistas no pueden retirar la medicación prescrita.

También lo dice la OMS que recomienda eliminar los copagos y asegurar que se financie con fondos públicos, pues solo de esa forma se asegura la no discriminación y la equidad del SNS.

Al copago del RDL se sumó la desfinanciación de más de 400 medicamentos. Por lo que por término medio a los pensionistas les ha subido la medicación necesaria para mantener su salud de 0 a 11,8 € al mes desde el decretazo.

Miren el ahorro farmacéutico pasa por una financiación selectiva de los medicamentos en función de su utilidad terapéutica y coste-efectividad.

Es cierto que se contemplan casos para los que hay exención de esos copagos, como en el caso de personas con pensiones no contributivas, parados sin prestaciones, pero esto no alcanza a toda la población que con salarios de miseria no pueden ni pensar en comprar las medicinas porque eso les supone tener que elegir entre comer o comprar la medicación.

Dado que ustedes insisten una y otra vez que su programa es de un contenido altamente social.

Y, también, que ustedes son el gobierno de la gente que lo está pasando mal…

Suponemos por lo tanto que conocerán esta situación en la que se encuentran estos miles de personas que no puede tomar su medicación por carecer de recursos.

Trabajadores y trabajadoras que viven bajo el umbral de la pobreza. Parados sin prestaciones y pensionistas…

Por eso señoras y señores del Partido Popular les pedimos que dado el alto contenido social de su programa Sra. Cifuentes cree una partida presupuestaria para poder dar respuesta a estas miles de personas cuya vida corre peligro por falta de la medicación esencial.

Porque esto constituye una discriminación flagrante de una parte de la ciudadanía a la que su gobierno no le garantiza la protección a a salud a la que tienen derecho. Porque el copago farmacéutico solo afecta a los enfermos y con menos recursos.

Ustedes también dicen que son la CM más rica, motor de la economía, pues hagan lo que hace la segunda Comunidad más rica contar con una partida de 11,5 Millones para paliar estas situaciones.

La contestación a cargo del Consejero de Sanidad la centró en que no sabía que se le estaba preguntando y que desconocía las encuestas de que hubiera gente que no puede retirar la medicación prescrita. Y que la sanidad en la CM es universal, pública y uno de los sistemas mejores de España.

EL PLENO DE LOS JUEVES

Y de nuevo en el Pleno de los jueves….

Hoy presentamos diversas propuestas no de ley (PNL no vinculantes para el gobierno de laj Sra. Cifuentes) y hacemos algunas preguntas al gobierno.

Entre ellas caben destacar la que exige que la Renta Mínima de integración se iguale al salario mínimo interprofesional, la de la CM es la tercera renta más baja.

Otra sobre la Ciudad de la Justicia, ese proyecto faraónico que ya nos ha costado más de cien millones, contando hoy día con un edificio a medio terminar invadido por colonias de conejos… Estando, por otra parte, el turno de oficio en situación catatónica, y necesitando la propia justicia de dotaciones suficientes de personal e infraestructuras.

Y sobre los refugiados, su necesario y digno alojamiento y trato para su integracón, en la que se va a coincidir con el resto de los grupos parlamentarios, porque se ha preferido presionar para incluir al PP y que se puede llevar adelante... sacrificando nuestra propuesta original, que es la que se defendió en el Europarlamento, sobre la derogación del protocolo 3 de Dublin, para que en el primer consulado o embajada donde llegue un refugiado pueda pedir asilo, para desde allí poderse poner en marcha el traslado con seguridad.

Otra de la PNL que vamos a presentar es sobre las listas de espera, exigiendo que vuelvan a los cómputos homogéneos del resto de CCAA, que básicamente consiste en considerar la entrada en estas listas desde el momento en que el médico aconseja la intervención quirúrgica. No, como se hacía en Madrid, después de que había sigo reconocido por el anestesista. Esto, según acaba de anunciar Cifuentes, lo van a llevar a cabo inmediatamente.

Pero, además, se exige que las listas sean transparentes y abiertas a la consulta de profesionales y ciudadanos. Por otra parte, las cifras de más de 72.000 pacientes en listas de espera en la CM dan cuenta por si solas de la mala gestión de la Conserjería de Sanidad y la enorme inequidad que genera.

Por esto el punto en el que no había acuerdo, y más destacado es cómo pretenden resolver el problema de la espera el gobierno del Partido Popular, pues asegura que abrirá los quirófanos por la tarde siguiendo con las peonadas u horas extras. Y no hemos ampliado nuestra exigencia a que se lleve a cabo un aumento de la plantilla. Por lo que nos la votan todos los grupos pero no hemos conseguido un punto de nuestro programa, recuperar el empleo.

El partido de Ciudadanos está claro que se van a conformar con el simple anuncio del gobierno del PP de que se van a abrir el 60 % de los quirófanos por la tarde y fines de semana.

Esto es un problema más que tendremos que seguir denunciando dado que sólo aliviará mínimamente las listas de espera, ya que la larga experiencia señala que lo que sucede cuando se permiten las peonadas, es que los profesionales hacen programaciones muy laxas por las mañanas, para justificar numerosas intervenciones por la tarde.

Por último la pieza teatral que llevó a cabo el PP sobre la unidad de España, más digna de : ...”la unidad de destino en lo universal...”, impregnada de patrioterismo y rechazando cualquier derecho a decidir de los pueblos. Preparada para que no la votara cualquier izquierda consecuente, como en este caso hicimos.

DE LA COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE SANIDAD

Hoy continuamos en la Asamblea con los plenos. Un ritual que si bien ayuda a visibilizar el trabajo que día a día realizan los grupos parlamentarios, tiene mucho de “puesta en escena”. Entre otras razones porque todo este boato está sujeto al Reglamento de la Cámara, que quien ha gobernado durante 20 años ininterrumpidos, como es el caso del Partido Popular, lo moldeó a su antojo.

Es decir, introdujo lo que le era más favorable con el objetivo de evitar y dificultar el control de la acción de gobierno por parte de la oposición. Con ello lo que se consigue en la práctica son unas intervenciones de los grupos parlamentarios después de las que siempre los Consejeros del gobierno tienen la última palabra. O la potestad de que los diputados del grupo que gobierna le hagan preguntas al propio gobierno, en una suerte de paripé sin límites.

Una de las comparecencias en el día de hoy era la del Consejero de Sanidad, a propuesta propia, para explicarnos cómo iban a llevar a cabo la atención sanitaria a inmigrantes irregulares.

Pues bien el Sr. Sanchez Martos ha sostenido en el principio de su explicación que en la Comunidad de Madrid “nadie, nadie…” se había quedado sin atención sanitaria. Dando datos de los miles de pacientes a los que se había atendido en los centros sanitarios. Claro no se molestó en pormenorizar si se les había atendido en urgencias, en atención primaria, ni a qué periodo de tiempo se referían las cifras. Ni tampoco de dónde se extrajeron estos datos. Ignorando que verdaderamente el RDL tenía unas excepciones en cuanto a que las personas sin tarjeta podían ser atendidas en urgencias, y a los menores de 18 años y gestantes se les atendería siempre. El problema real es que ni esto se cumple, y siempre se les dice que tienen que pagar la asistencia que se les dispense.

A continuación pasó lista de las bondades del RDL 16/2012, como que había evitado el turismo sanitario, había ahorrado en el despilfarro de las tarjetas sanitarias y que el sistema ahora era sostenible.

Al final de su exposición nombró (con cierta dificultad) los diferentes códigos necesarios para poder dar de alta en el sistema informático sanitario a las personas sin tarjeta para poderles atender y abrir una historia clínica, pedir pruebas y derivar a especialistas u hospitales. También nos mostró una receta, como muestra de que también habían implantado la financiación para la medicación de estas personas (hacía exáctamente 3 días).

En definitiva una exposición con muchas falacias, porque en esta Comunidad se seguía sin dar una respuesta a la atención de las personas migrantes sin residencia regular. Y esto se rectificó en parte hace exactamente tres semanas el 21 de Agosto cuando lo comunicó a la prensa la Presidenta, la Sra. Cifuentes. Obligada indudablemente tanto por la Propuesto No de Ley que se había presentado en Julio en la Cámara y que se había ganado con los votos de PSOE y PODEMOS y la abstención de Ciudadanos, como por las iniciativas llevadas a cabo por los nuevos gobiernos de los Parlamentos Autonómicos.

El resultado es que todavía la propuesta de la Consejería de Sanidad aún siendo una mejora respecto a la situación anterior, sigue discriminando al mantener los diferentes registros, y lo más importante, no se ha publicitado lo suficiente a todos los centros sanitarios, ni se ha informado a todos los profesionales sanitarios, por lo que los pacientes siguen siendo rechazados. O bien, se les sigue facturando la asistencia.

LA DISCRIMINACION SANITARIA CONTINUA EN LA CM

Se acaban de cumplir tres años de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 sobre la exclusión sanitaria que implantó el gobierno del Partido Popular. Si bien es cierto que varias CCAA han seguido prestando atención sanitaria a la población que esta ley excluía, en otros territorios gobernados por el PP no ha sido el así. Para todas estas personas, unas 870.000 en todo el Estado, estos tres años se han caracterizado por el miedo a caer enfermas, si ya lo estaban por el temor a no poder continuar con su seguimiento y el tratamiento adecuado. Grave sufrimiento ante el empeoramiento de sus patologías, lo que en algunos casos les llevó a la muerte.

Los nuevos gobiernos del cambio que salieron de las elecciones autonómicas pasadas han tratado de resolver este atropello con diversas iniciativas que palian y ofrecen atención sanitaria a todas las personas de sus territorios. Ante estas medidas el gobierno de la nación amenazó a las CCAA, pero tuvo que ceder por las críticas recibidas desde numerosos sectores, y las convocó a una reunión para acordar un documento común de actuación.

El citado documento no asegura, como ya lo habían hecho saber desde el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, la atención sanitaria en las mismas condiciones a todos/as las personas que ahora están excluidas. Además, las que opten por pedir el certificado que les de derecho a la asistencia se les exigirán unos informes, entre ellos el empadronamiento durante más de 6 meses, que han de tramitar los Servicios Sociales y, posteriormente, se les inscribirá en un registro dispuesto para este fin. A cualqueir persona conocedora de la situación de estos colectovos se le ocurrirá que todo esto dificultará la obtención del citado documento. Y seguirá haciendo desistir a numerosos migrantes de acudir a los centros de salud.

El gobierno del Sr. Rajoy se niega a reconocer el derecho a la protección a la salud dando mil vueltas a parches que sólo inciden en la discriminación de los grupos más vulnerables, abriendo un registro que además de innecesario puede ser usado de forma coercitiva, y a un empadronamiento, al cual puede acceder la policia dado que lo permite la legislación actual. Y, por otra parte, sigue ignorando los once informes de organismos internacionales que se han dirigido al gobierno de España con la intención de que se rectifique el citado RDL.

Los últimos informes son los del Comité para la Eliminación de la Discrimianción contra la Mujer de Naciones Unidas, que apunta al impacto desproporcionado que el RDL ha tenido sobre las mujeres migrantes, dificultando la identificación de las víctimas de violencia de género, víctimas de trata, o víctimas de violencia sexual. Y los del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica que pide al Gobierno asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes, definiendo el RDL como una media regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Ambos organismos han pedido a España que las personas migrantes con independencia de su situación administrativa no sean discriminadas en el acceso a la atención sanitaria.

Cuando la Presidenta de la CM se sumó a las CCAA que estaban propiciando la atención sanitaria a las personas excluidas, y anuncio a bombo y platillo que se atendería a todos los ciudadanos, no especificó que a ello estaba obligada porque la Asamblea de Madrid había aprobado una Propuesta No de Ley que le obligaba a ello, a pesar del voto encontra del Partido Porpular a la misma. Luego no se debía a que la Sr. Cifuentes mantuviese una postura más amable y diferente a la del Ministro de Sanidad.

Es hora por lo tanto que el gobierno comprenda que no hay otro camino que derogar el RDL 16/2012 que tanto daño innecesario y sufrimiento ha creado.