El gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid no prestó la necesaria protección a la salud de las personas que acudían a las Clínicas iDental, y eso a pesar de que tenía conocimiento de las reclamaciones y denuncias. Así como una advertencia que se había realizado hace dos años en la Asamblea de Madrid y otras que se habían trasladado desde el Colegio de Odontólogos.
11 de octubre de 2018
20 de septiembre de 2018
16 de septiembre de 2018
AÚN LEJOS DE UNA SANIDAD UNIVERSAL
El
Congreso de los Diputados acaba de aprobar el Real Decreto Ley 7/2018,
sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, con los votos a
favor del PSOE, Podemos, PDeCat y ERC, el voto en contra del PP, y la
abstención de Cs.
La aprobación de este RDL, – que ahora se tramitará como Ley, lo que
significa que podrá ser enmendado -, supone una mejora indiscutible
respecto del RDL 16/2012 aprobado por el PP. Una mejora que no podemos
ignorar que ha sido fruto de la presión y las luchas llevadas a cabo por
innumerables colectivos y personas, como las protagonizadas por la
Marea Blanca.
El RDL 16/2012 supuso un claro retroceso al cambiar de un modelo
basado en los derechos de las personas, a otro basado en el
aseguramiento. Es decir, de titulares de derechos se pasó a la condición
de asegurado. De esta forma la atención sanitaria volvió a estar sujeta
a las personas que cotizaban o habían cotizado al sistema de la
Seguridad Social, extendiéndose también a los beneficiarios de estas
personas, como cónyuges e hijos, y a las personas que no tuviesen
recursos económicos suficientes.
A este RDL 16/2012 también le debemos la introducción del copago farmacéutico para los y las pensionistas, entre otras reformas.
El resultado solo ha traído sufrimiento, al golpear a quienes menos
renta tienen y quienes más lo necesitan, provocando la exclusión de la
atención sanitaria de unas 870.000 personas. Más de dos millones de
enfermos abandonaron su medicación, al no poderse costear los
tratamientos según el Barómetro Sanitario de 2017.
El nuevo RDL, desde su preámbulo deja claro que el acceso al Sistema
Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad “es un
derecho primordial de toda persona”. Por eso llevaba razón la ministra
de Sanidad cuando defendió que se recuperaba un derecho que había
recortado el Gobierno del Sr. Rajoy.
También se afirma: “La garantía del ejercicio de este derecho y la
protección efectiva de la salud de la ciudadanía cobra aún mayor
importancia cuando quienes se ven privados de una asistencia sanitaria
normalizada son colectivos de una especial vulnerabilidad”. Como de
hecho se ha puesto de manifiesto en una investigación del Instituto de
Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra – “The deadly
effects of losing health insurance” -que muestra cómo la mortalidad
aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015 en la población “sin
papeles”.
Igualmente se recoge en el preámbulo que en el ámbito de la
normativa internacional, tanto supranacional como europea, “el derecho a
la protección de la salud se reconoce de manera expresa como un derecho
inherente a todo ser humano, sobre el que no cabe introducción de
elemento discriminatorio alguno…”.
Pues bien, a pesar de compartir esta declaraciones de intenciones, en
el desarrollo del articulado de éste RDL se recogen diversos
requisitos para obtener el título que da derecho a la protección de la
salud y a la atención sanitaria, lo que de facto va a
impedir a diversos colectivos, como los “no autorizados como
residentes”, ser titulares de dicho derecho y, por lo tanto, quedarán
excluidos de la asistencia sanitaria. Es decir, se vuelve a discriminar.
A los extranjeros con residencia legal, sí que se les reconoce, pero
requieren “no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria
de la prestación sanitaria por otra vía”. Esto necesita de una
aclaración urgente por parte del Ministerio, el cómo y en qué casos se
aplicará. Puesto que lo que actualmente está pasando es que el Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniega sistemáticamente la
asistencia sanitaria a extranjeros con residencia legal, que son madres o
padres de personas con nacionalidad española, tal y como lo ha
denunciado la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma
sanitaria (Reder). Y a pesar de existir más de 40 sentencias condenando
al INSS, la situación no ha variado con el Gobierno de Sanchez.
A las personas extranjeras sin permiso de residencia (Artículo 3
ter.) se les reconoce el derecho a la protección de la salud y a la
atención sanitaria en las mismas condiciones que a las personas con
nacionalidad española, pero para poderlo ejercerlo, deben cumplir unos
requisitos que tendrán que tramitar en las CCAA. Esto, en la práctica,
implica de nuevo barreras para el acceso efectivo a la atención
sanitaria, y una discriminación flagrante.
También se pueden encontrar en situación de exclusión aquellas
personas extranjeras sin permiso de residencia que de forma temporal se
encuentren en España (Artículo 3 ter. 3), porque van a requerir “un
informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las
CCAA”, pues algunas regiones exigen para emitirlo acreditar una
estancia de al menos 90 días.
Además hay que constatar que no se ha derogado el RDL 16/2012, por
lo que aspectos como el copago farmacéutico continúan vigentes.
En resumen, este RDL supone un avance respecto al RDL 16/2012, pues
reconoce de nuevo que el acceso al Sistema Nacional de Salud en
condiciones de equidad y de universalidad “es un derecho primordial de
toda persona”, y lo toma “como un derecho inherente a todo ser humano,
sobre el que no cabe introducción de elemento discriminatorio alguno”.
Pero, lamentablemente, en su actual redacción, al imponer una serie de
requisitos, el acceso no es posible para determinados colectivos.
Mantener estas diferencias entre personas que viven en el territorio
español echa por tierra tanto la defensa del derecho a la salud, como la
no discriminación de la que ha hecho gala el PSOE.
Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/15225/aun-lejos-de-una-sanidad-universal/?force=1
24 de julio de 2018
SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SALUD PÚBLICA
Guión sobre el Anteproyecto de Ley de Salud Pública
Señorías,
Hoy comparece el
Consejero de Sanidad para explicarnos el futuro de la Ley de Salud
Pública.
Para mi grupo
parlamentario la Salud Pública es como la materia gris o disco duro
de todo el sistema sanitario público, y por lo tanto encontramos de
sumo interés contar con una Ley de Salud Pública.
Además, nos
encontramos en una Comunidad cuya expresidenta Esperanza Aguirre
eliminó tanto la DG de Salud Pública como el Instituto de Salud
Pública, recortando no solo la estructura sino numerosos recursos
humanos y materiales de salud pública.
Aunque se repuso
en esta Legislatura la DG muy
poco es lo que se ha hecho desde entonces, porque
no tenemos Plan de Salud, no
tenemos todavía Ley de Salud Pública y ésta
se anuncia al final de la
legislatura, este es todo el interés que
sobre la misma tiene el gobierno del PP.
La Ley
de Salud Pública es una necesidad que se tenía que haber abordado
desde el principio de la legislatura, y
no de la forma que se ha hecho, que no solo ha sido tarde, sino sin
la debida participación, pues
la consulta pública se redujo
a 5 días hábiles el verano pasado.
Por todo ello
resulta imprescindible
definir el marco legal y competencial de la Salud Pública para la
Comunidad de Madrid que
ordene todo lo relativo a las obligaciones de las administraciones
públicas, promueva actuaciones de forma planificada y coordinada y
señale la responsabilidad de la autoridad sanitaria en la vigilancia
y control de las enfermedades, incluidas las alertas y emergencias en
materia de salud pública.
“La Salud
Pública es uno de los componentes propios de las Administraciones
Públicas en las sociedades democráticas. Sus funciones se realizan
con la participación de la sociedad y se manifiestan mediante
actividades encaminadas a garantizar el derecho a la salud, a
prevenir la enfermedad y a proteger y promover la salud, tanto en el
ámbito individual como en el colectivo, desarrollando políticas
sanitarias, sociales y científicas” como
muy bien apunta AMaSaP.
A pesar de todos
esos pasos mal dados por la Consejería, hoy nos anuncia el
Consejero de Sanidad que la tardanza ha sido por cumplir con todos los trámites preceptivos pero que tienen voluntad de sacarla adelante en esta legislatura.
Si analizamos el Anteproyecto hay cuestiones de calado que mi grupo parlamentario rechaza.
-
“la presente Ley se dota a nuestra Comunidad del marco jurídico apropiado para la correcta protección y promoción de la salud desde la perspectiva intersectorial, fomentando la implicación de todas las administraciones y la colaboración público-privada en la consecución de objetivos comunes.”….
A
pesar del rechazo que ha suscitado entre las y los profesionales y la
ciudadanía este modelo de colaboración por los sobrecostes y falta
de transparencia, lo incluyen
en el Anteproyecto como
objetivo la intención de
concertar y contratar con el sector privado.
-
La organización de la Salud Pública la basan en el Área Sanitaria Única… Una organización que eliminó la mínima racionalidad en gestión que cabe tener para una población de más de 6,5 de hab. Y que acercaba la gestión a profesionales y ciudadanía para su mejor participación. Por no hablar de que cuando se eliminaron las 11 Áreas, se destruyó también los órganos de participación.
-
Abogan por la promoción y prevención porque el actual sistema sanitario es sino insostenible: El problema señorías es el agotamiento del modelo biologicista, no la sostenibilidad de un servicio público sanitario cuyo cuantía presupuestaria es cuestión de la voluntad política de quienes gobiernan. Y, además, donde esta actividad promotora de salud y de prevención se puede llevar a cabo es en la Atención Primaria, y es un nivel asistencial que los gobiernos del PP han desatendido y deteriorado.
Luego reconocen
algunos problemas de salud pública que si bien los contemplan en la
exposición de motivos son
la antítesis de las
políticas que el
PP ha llevado a la
práctica, entre ellas:
-
reconocen la asociación directa entre renta y salud, observándose peores indicadores de salud en los y países y regiones con mayores desigualdades… esto quiere decir que lo van a tener en cuenta para que la CM deje de ser una de las regiones más desiguales?.
-
también sorprende sobremanera la importancia que la ley refleja en cuento a la inversión en educación sobre la prolongacón de la esperanza de vida y al número de años de vida libres de enfermedad… ¿Cómo entonces Madrid es la última de todas la CCAA en inversión educativa?
6 de julio de 2018
El Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad describe cual es la situación que viven las y los trabajadores sanitarios tras la firma de diversos acuerdos de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial y el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Una cascada de acuerdos se está produciendo entre la Administración y
los sindicatos de la Mesa Sectorial de la Sanidad (CCOO, UGT, CSIT,
SATSE, AMYTS). El último de ellos es sobre la “carrera profesional”,
donde se informa que se va a empezar a cobrar -en tres tramos de tiempo-
para el personal (médicos y enfermería) y posteriormente (este verano)
se abrirá un proceso para las solicitudes del resto del personal
estatutario (ver acuerdo del 4 de julio 2018 y acuerdo del 29 de
noviembre de 2017). Así mismo se informa que el dinero destinado para el
pago de la carrera profesional, sería un fondo presupuestario del año
en curso compuesto por 25 millones de euros.
A partir de estos hechos, los representantes sindicales se han
lanzado, a bombo y platillo, a mostrar a todo el mundo que, ellos y solo
ellos, son los grandes muñidores y protagonistas de tan espléndidos
acuerdos. Pero la realidad es mucho más compleja, por eso el MATS ha
emitido el presente comunicado.
1.- El concepto de carrera profesional nos parece básicamente injusto
en cuanto a que discrimina unas categorías con otras, aumentando los
desniveles salariales y, mientras no se demuestre lo contrario, dejando a
un lado a miles y miles de personas temporales y a todo el personal
laboral, que trabaja en idénticas condiciones que el personal
estatutario. En lugar de este complemento discriminatorio (que provoca
desigualdades salariales entre un mismo tipo de trabajo en torno a los
600 euros o más); se debería haber luchado por una subida lineal para
todas y todos por igual e incorporada a la masa salarial, (otro caso
similar es el complemento por productividad variable).
2.- Se trata de un acuerdo cogido con
pinzas; la Administración ha incumplido sistemáticamente todos sus
compromisos. Más aún, la norma básica para que la Administración pague
la carrera profesional, está supeditada a la liquidez presupuestaria del
gobierno del PP de la CAM. ¿Qué quiere decir esta norma? Pues
sencillamente, que el cobro de las cantidades pactadas dependerá de la
voluntad política del gobierno de turno; es decir, de que se sobrepase o
no, el llamado techo de gasto que viene determinado por la situación
económica de España respecto al déficit público autorizado por Bruselas.
3.- Creemos que, todo el proceso de
reclamaciones para cobrar la carrera por parte de las categorías o
colectivos temporales que no la cobran, se verá dificultado y prolongado
en el tiempo, tanto por la propia burocracia administrativa como por la
falta de interés de pagarla. Con ello, se seguirán favoreciendo y
repartiendo las principales prebendas a los grupos de personal fijo A y B.
De esta manera se discrimina a los grupos sanitarios y no sanitarios
con menor capacidad adquisitiva. En ese sentido, el MATS, propone que
cualquier reparto que se haga no sea exclusivo para las categorías A y
B, sino para todas por igual.
4.- Como decíamos en el punto 1 del presente comunicado, uno de los colectivos más maltratados por este acuerdo es el de los laborales
que trabajan para el SERMAS y otros servicios públicos como las
residencias públicas. Dejando al personal laboral fuera de este acuerdo,
se está propiciando o empujando a que pierdan su condición de laborales
en favor de la estaturización. El motivo es muy sencillo, el personal
laboral todavía mantiene ciertas condiciones y mejoras reflejadas en su
convenio colectivo (prejubilación a los 63 años, bono transporte, días
libres, etcétera).
5.- Esta situación no es exclusiva con el
acuerdo de carrera profesional. Por el contrario, ya hemos vivido
situaciones como ésta. Recordemos los acuerdos entre CCOO, UGT Y CSIF
sobre consolidación de empleo (a raíz de la denuncia por parte de la U.E
por mantener a miles de trabajadoras y trabajadores en fraude de ley).
El resultado de dicho acuerdo no fue un concurso de
consolidación de empleo, sino muy al contrario, la convocatoria de unas
OPES que abren las vías de unos ERES masivos para el personal interino
que lleva sufriendo la temporalidad años y años.
6.- Otro tanto es la recuperación de la jornada laboral de 35 horas.
Hasta ahora solamente hemos oído buenas palabras y promesas. Por parte
de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad se reclaman las 35
horas sin hacer ningún tipo de presión efectiva. Peor aún, cuando se
reclaman, no se vinculan a un aumento de las plantillas o de la calidad
asistencial. ¿Cómo se van a recuperar las 35 horas si no se contratan a
más de 6.000 personas que fueron despedidas entre el 2010 y 2014 bajo la
excusa de la crisis económica? Para el MATS solo es posible la
recuperación de las 35 horas y el resto de nuestros derechos, si están
ligados a un aumento de plantillas, a la mejora de las
condiciones en los centros de trabajo como la conciliación familiar; y
por supuesto, con el objetivo principal que es la defensa de una sanidad pública, universal y de calidad.
7.- Como decíamos al comienzo del
comunicado, toda esta gran campaña de “recuperación de derechos” a la
que se han apuntado CCOO, SATSE, CSIT, UGT Y AMYTS; con la abierta
colaboración del PP en el gobierno; forma parte de una estrategia
dirigida a no perder votos de cara a las próximas elecciones sindicales
(en unos casos) y autonómicas (en el otro). Los representantes
sindicales están tratando a las trabajadoras y trabajadores como menores
de edad con el caramelo de ¡lo hemos conseguido! De la misma manera,
están creando mayor división y fragmentación entre los propios
colectivos y profesionales sanitarios y no sanitarios; pues mientras
otorgan concesiones a los que más cobran, mantienen como rehenes a los
temporales que tienen que opositar sujetos a una afiliación -casi
forzosa- para garantizar el aprobado.
8.- Pese a las condiciones difíciles en
las que nos ha tocado luchar, el MATS, seguirá siendo fiel a sus señas
de identidad: la recuperación de nuestros derechos pero no para agrandar
la brecha salarial, sino para acortarla; la recuperación de las 35
horas para que se incorporen más de 6.000 personas a nuestras plantillas
y dotar al modelo público sanitario de una mayor calidad asistencial; y
consolidar el empleo mediante un concurso de méritos sin detrimento de
que se convoquen oposiciones cada dos años.
http://mats-sanidad.com/2018/07/06/la-carrera-profesional-y-otros-acuerdos-siembran-division-y-desigualdad/
SOBRE LA REVERSIÓN AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD DEL LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL
Guión de la intervención
Señorías
Hoy
el grupo socialista nos presenta una PNL sobre la reversión del
Laboratorio Clínico Central con la que básicamente estamos de
acuerdo.
Estamos
de acuerdo porque no solo es una de las privatizaciones más
polémicas que se llevaron a cabo cuando era Presidenta Esperanza
Aguirre, sino porque fue un ejemplo de lo que representan muchas
privazaciones que todos estos años ha llevado a cabo el Partido
Popular… Que el Consejero que la impulsó tiempo más tarde se
sentaba en el Consejo de Administración de esa empresa a la que él
había adjudicado el millonario negocio… El Sr Güemes…
Por
lo tanto totalmente de acuerdo en que vuelva al Servicio Madrileño
de Salud.
También
quiero advertir al Sr Garrido que al igual que la Sra. Cifuentes, los
compromisos de la investidura no los cumplen, porque se habían
comprometido a paralizar las privatizaciones y, sin embargo, van a
volver a privatizar los laboratorios de los 6 hospitales de modelo
Concesión de Obra de Pública.
Cabe
recordar que cada adjudicación cuando ha concluido y han podido
revertir ese servicio al SERMAS no lo han hecho, y lo han vuelto a
externalizar como el Call Center, las Ambulancias, etc.
Y
eso mismo se disponen a hacer con el Laboratorio Clínico, aunque les
quede escasamente un año de legislatura, y con ello lo que van a
conseguir es hipotecar de nuevo a la ciudadania madrileña… y los
sucesivos gobiernos… Dado los elevados sobrecostes de este modelo
de Concesión Administrativa.
Y
por eso ustedes a una pregunta sobre si pensaban o no revertirlo a
la gestión pública han contestado que: “Se considera que lo
más aconsejable para cubrir las necesidades
técnico-asistenciales actuales con el mayor nivel de calidad
así como los potenciales incrementos de demanda, sea la
formalización de una nueva Contratación de la Gestión por
Concesión, para que puedan seguir siendo atendidos en el
recurso que resulte adjudicado a través del procedimiento ya
indicado”.
Por
cierto no hay un solo Informe que demuestre que sale más económico
este servicio privatizado que si funcionase con gestión directa.
El
Consejero Güemes defendió la privatización aludiendo al ahorro sin
ninguna demostración, y lo comparó con el
coste per cápita de los laboratorios de los hospitales públicos
madrileños era en 2007 de 37,6 euros… de los grandes hospitales
públicos de nivel 3… cuando estos hospitales a los que iba a dar
servicio el Laboratorio que se pretendían privatizar eran de nivel
2… Por eso se decía que el supuesto ahorro era de más de un 40 %.
Ni
se pudo demostrar ese ahorro ni se evitó la privatización…
No
sólo fue una operación de privatización de unos laboratorios que
debieran haber estado en sus respectivos hospitales, nadie con un
mínimo de racionalidad gestora sanitaria desprende a los hospitales
de un servicio central básico como el Laboratorio.
Tampoco
tuvieron en cuenta los
sobrecostes
que
supusieron, y que
crecieron cada año
por los cálculos que habían acordado con la adjudicataria de
revisión de la cápita, sino que también
supusieron
el desmantelamiento de los grandes laboratorios que existían en los
Centros de Especialidades Periféricos,
en algunos de los cuales se había invertido en reformar. Al
privatizado laboratorio clínico central también comenzó a llegar
las muestras extraídas en los Centros de Salud.
Y
la necesaria relación
de los profesionales de los laboratorios con los de Atención
Primaria se rompió para siempre, se dejaron de recibir información
tan valiosa para la práctica clínica diaria como boletines
con las resistencias a los antib para poder hacer un tratº empírico…
Y
las muestras de sangre y
orina o cualquier otra, ahora viajan desde todos los puntos de la
Comunidad
de Madrid
al Hospital del Norte en San Sebastian de los Reyes, donde
se ubica el Laboratorio Central.
Hay
una opinión generalizada entre los profesionales que la calidad
actualmente -sin un estudio que lo demuestre-, ha disminuido.
Hoy
un porcentaje de
los resultados de
las
analíticas de este Lab de las que los profesionales no se fían y
hay
que repetirlas.
Pero
los
datos del propio Laboratorio el crecimiento global de la actividad ha
sido del 5,5 %
sobre todo en las muestras procedentes de Hospitaes. Y hay hospitales
como el
Henares que
fue de un 14,2, 8,2 Inf Sofia, y 7,4 h Vallecas.... Esto
a día de hoy se hace
con la misma plantilla de
250 profesionales.
Las
condiciones laborales y salariales de los técnicos y facultativos
son
en la mayoría de los casos pésimas, y de agravios comparativos
:Unos
hacen 1533 horas,
los procedían del SERMAS, los
nuevos contratados 1680 h.
anuales... Los contratos eventuales y temporales con peores
condiciones, como
tener que rotar de un hospital a otro por los laboratorios
periféricos para
hacer las extracciones que luego se envían al Lab central...
Sin que se respeten
el
descanso
entre los turnos ...
Por
lo tanto, señorías sería el momento de revertir este Laboratorio
al Sermas, teniendo
en cuenta toda la normativa, tanto la contenida en los propios
Pliegos, como el Estatuto de los Trabajadores, subrogando
a todos los y las profesionales que ahora mismo están trabajando en
el mismo.
8 de junio de 2018
SOBRE LA REVERSIÓN AL SERMAS DEL LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL
Ciudadanos y Partido Popular votan en contra de que el Lab Clínico Central de BR Salud (Unilabs y Ribera Salud) revierta al Servicio Madrileño de Salud
Suscribirse a:
Entradas (Atom)