Este
jueves se vivió en la Asamblea de Madrid un acto de desagravio
cuando se presentaba la Propuesta No de Ley sobre Muerte Digna. Desde
la tribuna se saludó al Dr. Montes como a un activista por el el
derecho a una muerte digna. Este doctor fue imputado injustamente por
el Consejero Lamela, de triste recuerdo, y ahora acudía al Pleno de
la cámara cuando por fin se iba a aprobar una iniciativa de PODEMOS
por una Muerte Digna.
Como,
desgraciadamente, ha pasado en numerosas ocasiones, la legislación
va muy por detrás de las exigencias y necesidades de las personas.
Porque es un hecho que la gran mayoría, más de un 80%, en la
encuesta del CIS de 2009, se manifestaba a favor de evitar el dolor y
el sufrimiento en el proceso final de la vida. Incluyendo un 60% de
católicos.
Es
una atrocidad que sigamos contemplando como mueren a diario en
nuestros hospitales y domicilios personas sin los necesarios cuidados
paliativos que alivien dolor y sufrimiento. Y sin el apoyo necesario
a su entorno familiar.
El
marco legislativo actual es la Ley 41/2002, más conocida como Ley de
Autonomía del paciente, establece que los derechos de los pacientes
son el eje básico de las relaciones clínico-asistenciales, y deja
atrás ese paternalismo tan extendido en las relaciones
médico-paciente. Hoy día predominan unas relaciones más
igualitarias entre profesionales sanitarios y la ciudadanía.
Esta
ley incluye la
información, la intimidad, elegir entre opciones clínicas, rechazar
un tratamiento y el derecho de todo paciente a expresar su voluntad
por anticipado en el documento llamado de las Instrucciones Previas.
Igualmente,
en el derecho comunitario e internacional se reconoce el derecho a
una muerte digna y a recibir cuidados paliativos, y también la Carta
Europea de Derechos Humanos recoge en su primer artículo que “La
dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida”.
En
la CM, en el año 2005, se reguló el Testamento Vital creando un
registo de Instrucciones Previas, definiendo los modelos de este
documento y ante quiénes se podía presentar. Pero,
a pesar de esta legislación, en la CM no está garantizada la
dignidad a la hora de morir, porque no se cumplen los objetivos
incluidos en la misma de forma satisfactoria.
Esto
pasa por varios motivos: Primero,
el desconocimiento tanto de los profesionales sanitarios como de la
ciudadanía. Segundo, los obstáculos prácticos, pues sólo se puede
registrar el Testamento Vital en una sola oficina del centro de
Madrid. Tercero, porque no está incluido en la historia clínica del
enfermo y los profesionales sanitarios que atienden al enfermo no lo
pueden consultar de forma ágil.
Una
prueba de que no se facilita el cumplimiento de la legislación es la
bajísima cifra de Instrucciones Previas registradas. Si lo
comparamos con otras CCAA, en Cataluña lo hacen un 7,7 por 1000
habitantes, mientras que en nuestra comunidad solo llega al 2,6 por
mil.
Por
esto denunciábamos que en Madrid se muere mal y que era urgente
modificar todo el proceso.
La
negociación entre los grupos parlamentarios de la cámara, necesaria
para que la iniciativa de PODEMOS saliera aprobada, mostró el
inmovilismo e hipocresía de los sectores más conservadores de la
Asamblea al tratar el tema. Ya sabemos que la muerte despierta
rechazo e irracionalidad, y se ve envuelta en toda suerte de tabús.
No
obstante, una vez que PODEMOS retiró la exigencia de que el gobierno
de la CM instase al gobierno de la nación a reformar el artículo
143.4 del Código Penal -tipifica como delito causar o cooperar
activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro-,
decidiendo avanzar para que la población al menos contase con
mejores condiciones, pudiendo presentar el testamento vital en todos
los centros de salud y hospitales. También para que se pudiesen
crear más equipos de cuidados paliativos, incluidos los infantiles,
y comenzase a funcionar un observatorio para el seguimiento del cómo
se muere. El acuerdo fue posible, y la Propuesta No de Ley fué
aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Carmen
San José Pérez
Portavoz
Adjunta de Sanidad de PODEMOS