Tras
la presentación, para su debate y aprobación en la Asamblea de
Madrid, del Proyecto de Ley de Farmacia por el PP, PODEMOS y PSOE han
pedido su devolución.
Son
varias las razones para ese rechazo de la oposición a un Proyecto de
Ley que, por otra parte, podría ser necesario para actualizar la ley
anterior de farmacia que data del año 1998, cuando todavía la
Comunidad de Madrid no había recibido las transferencias sanitarias.
De
cualquier forma, parecería que
el citado proyecto hubiese sido elaborado al dictado del Colegio de
Farmacéuticos, para beneficio de las grandes oficinas de farmacia.
Esto ya ha suscitado críticas desde numerosos sectores
profesionales.
El
servicio que ofrecen las oficinas de farmacia, es un servicio
sanitario esencial. Es allí donde la población obtiene los
medicamentos y los productos sanitarios prescritos por las y los
profesionales sanitarios. Las funciones de las y los farmacéuticos
que trabajan en las oficinas de farmacias vienen fijadas por la Ley
19/1998, de 25 de noviembre de la Comunidad de Madrid, entre otra
mucha normativa estatal, pero el Proyecto de Ley del gobierno del PP
plantea una clara extralimitación en las atribuciones de estos
profesionales, haciéndoles entrar en colisión con las funciones de
los profesionales de los Equipos de Atención Primaria, básicamente
los de enfermería, y con las y los farmacéuticos del Servicio de
Farmacia de Atención Primaria.
Los
profesionales de las oficinas de farmacia son los únicos con
ejercicio privado. Hay otros muchos farmacéuticos/as, empleados
públicos, en los diferentes niveles del SERMAS dedicados al
desarrollo de la investigación, control, vigilancia, calidad, y uso
racional del medicamento. Y son también parte de sus funciones la
información y formación sobre el medicamento y su prescripción al
resto de profesionales de la salud y a la ciudadanía. Son estos los
profesionales que están al frente de los Servicios de la Farmacia
Hospitalaria y del Servicio de Farmacia de Atención Primaria, entre
otros.
Por
ello los farmacéuticos/as con ejercicio profesional privado no
deberían participar en “los distintos niveles del SERMAS, en el
desarrollo de actividades y servicios asistenciales”, como
contempla el Proyecto, por un claro conflicto de intereses y por que
no son de su competencia.
Las
atribuciones que se le confieren al farmacéutico/a de las oficinas
de farmacias en el texto de esta ley es puro intrusismo profesional,
justificado “como garantía de accesibilidad a los medicamentos y
productos sanitarios de aquellos pacientes en situación de
vulnerabilidad sanitaria y mayores dependientes...” y para
“Seguimiento de la medicación en programas de adherencia de
pacientes mayores, crónicos, polimedicados y dependientes”. La
labor de seguimiento de los pacientes en sus domicilios, tanto para
comprobar la adherencia a los tratamientos, como para su atención
integral es labor del personal de los Equipos de Atención Primaria,
y especialmente del personal enfermera, y aunque en numerosas
ocasiones las y los farmacéuticos acuden a los domicilios de los
pacientes con los pedidos de sus tratamientos habituales, porque
están inmovilizados, o están en situación de aislamiento… eso
nada tiene que ver con las funciones que se les adjudican en el
Proyecto.
Las
críticas que ha recibido el proyecto de Ley de Farmacia se pueden
agrupar en tres grandes bloques. El primero es la liberalización de
los horarios de las oficinas de farmacias. El segundo es el
intrusismo que suponen las nuevas funciones que se atribuye al
farmacéutico de las oficinas de farmacia, y el tercero es la vía
que abre la Consejería de Sanidad a que se puedan realizar convenios
y conciertos de colaboración con las farmacias.
La
liberalización de los horarios de las farmacias, como se ha
demostrado con el resto del comercio donde ya existe, sólo favorece
a las grandes farmacias, que son las que cuentan con más personal y
lo podrán llevar a cabo, incluso porque cuentan con varias oficinas.
Además, para esta flexibilización de horarios no se podría aludir
al desabastecimiento de la población, pues siempre existieron y
existen farmacias de guardia.
Resulta
paradójico que mientras se recortan profesionales y recursos en
Atención Primaria, sus atribuciones se pretendan transferir a los
farmacéuticos con ejercicio privado, deslegitimando su importancia
como eje prioritario de la atención sanitaria.
El
tercer punto, quizás el potencialmente más grave del Proyecto, es
el que deja abierta la puerta a la privatización/externalización de
diversos servicios farmacéuticos y asistenciales que podrían ser
contratados entre el Colegio de Farmacéuticos y las farmacias con la
Conserjería de Sanidad.
Por
todo ello el Proyecto de Ley de Farmacia es absolutamente rechazable
pues introduce el intrusismo profesional y deja el campo abierto a la
privatización de determinados servicios sanitarios hoy cubiertos por
el SERMAS.
Carmen
San José Pérez