21 de septiembre de 2015

DE LA COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE SANIDAD

Hoy continuamos en la Asamblea con los plenos. Un ritual que si bien ayuda a visibilizar el trabajo que día a día realizan los grupos parlamentarios, tiene mucho de “puesta en escena”. Entre otras razones porque todo este boato está sujeto al Reglamento de la Cámara, que quien ha gobernado durante 20 años ininterrumpidos, como es el caso del Partido Popular, lo moldeó a su antojo.

Es decir, introdujo lo que le era más favorable con el objetivo de evitar y dificultar el control de la acción de gobierno por parte de la oposición. Con ello lo que se consigue en la práctica son unas intervenciones de los grupos parlamentarios después de las que siempre los Consejeros del gobierno tienen la última palabra. O la potestad de que los diputados del grupo que gobierna le hagan preguntas al propio gobierno, en una suerte de paripé sin límites.

Una de las comparecencias en el día de hoy era la del Consejero de Sanidad, a propuesta propia, para explicarnos cómo iban a llevar a cabo la atención sanitaria a inmigrantes irregulares.

Pues bien el Sr. Sanchez Martos ha sostenido en el principio de su explicación que en la Comunidad de Madrid “nadie, nadie…” se había quedado sin atención sanitaria. Dando datos de los miles de pacientes a los que se había atendido en los centros sanitarios. Claro no se molestó en pormenorizar si se les había atendido en urgencias, en atención primaria, ni a qué periodo de tiempo se referían las cifras. Ni tampoco de dónde se extrajeron estos datos. Ignorando que verdaderamente el RDL tenía unas excepciones en cuanto a que las personas sin tarjeta podían ser atendidas en urgencias, y a los menores de 18 años y gestantes se les atendería siempre. El problema real es que ni esto se cumple, y siempre se les dice que tienen que pagar la asistencia que se les dispense.

A continuación pasó lista de las bondades del RDL 16/2012, como que había evitado el turismo sanitario, había ahorrado en el despilfarro de las tarjetas sanitarias y que el sistema ahora era sostenible.

Al final de su exposición nombró (con cierta dificultad) los diferentes códigos necesarios para poder dar de alta en el sistema informático sanitario a las personas sin tarjeta para poderles atender y abrir una historia clínica, pedir pruebas y derivar a especialistas u hospitales. También nos mostró una receta, como muestra de que también habían implantado la financiación para la medicación de estas personas (hacía exáctamente 3 días).

En definitiva una exposición con muchas falacias, porque en esta Comunidad se seguía sin dar una respuesta a la atención de las personas migrantes sin residencia regular. Y esto se rectificó en parte hace exactamente tres semanas el 21 de Agosto cuando lo comunicó a la prensa la Presidenta, la Sra. Cifuentes. Obligada indudablemente tanto por la Propuesto No de Ley que se había presentado en Julio en la Cámara y que se había ganado con los votos de PSOE y PODEMOS y la abstención de Ciudadanos, como por las iniciativas llevadas a cabo por los nuevos gobiernos de los Parlamentos Autonómicos.

El resultado es que todavía la propuesta de la Consejería de Sanidad aún siendo una mejora respecto a la situación anterior, sigue discriminando al mantener los diferentes registros, y lo más importante, no se ha publicitado lo suficiente a todos los centros sanitarios, ni se ha informado a todos los profesionales sanitarios, por lo que los pacientes siguen siendo rechazados. O bien, se les sigue facturando la asistencia.



LA DISCRIMINACION SANITARIA CONTINUA EN LA CM



Se acaban de cumplir tres años de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 sobre la exclusión sanitaria que implantó el gobierno del Partido Popular. Si bien es cierto que varias CCAA han seguido prestando atención sanitaria a la población que esta ley excluía, en otros territorios gobernados por el PP no ha sido el así. Para todas estas personas, unas 870.000 en todo el Estado, estos tres años se han caracterizado por el miedo a caer enfermas, si ya lo estaban por el temor a no poder continuar con su seguimiento y el tratamiento adecuado. Grave sufrimiento ante el empeoramiento de sus patologías, lo que en algunos casos les llevó a la muerte.
Los nuevos gobiernos del cambio que salieron de las elecciones autonómicas pasadas han tratado de resolver este atropello con diversas iniciativas que palian y ofrecen atención sanitaria a todas las personas de sus territorios. Ante estas medidas el gobierno de la nación amenazó a las CCAA, pero tuvo que ceder por las críticas recibidas desde numerosos sectores, y las convocó a una reunión para acordar un documento común de actuación.
El citado documento no asegura, como ya lo habían hecho saber desde el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, la atención sanitaria en las mismas condiciones a todos/as las personas que ahora están excluidas. Además, las que opten por pedir el certificado que les de derecho a la asistencia se les exigirán unos informes, entre ellos el empadronamiento durante más de 6 meses, que han de tramitar los Servicios Sociales y, posteriormente, se les inscribirá en un registro dispuesto para este fin. A cualqueir persona conocedora de la situación de estos colectovos se le ocurrirá que todo esto dificultará la obtención del citado documento. Y seguirá haciendo desistir a numerosos migrantes de acudir a los centros de salud.
El gobierno del Sr. Rajoy se niega a reconocer el derecho a la protección a la salud dando mil vueltas a parches que sólo inciden en la discriminación de los grupos más vulnerables, abriendo un registro que además de innecesario puede ser usado de forma coercitiva, y a un empadronamiento, al cual puede acceder la policia dado que lo permite la legislación actual. Y, por otra parte, sigue ignorando los once informes de organismos internacionales que se han dirigido al gobierno de España con la intención de que se rectifique el citado RDL.
Los últimos informes son los del Comité para la Eliminación de la Discrimianción contra la Mujer de Naciones Unidas, que apunta al impacto desproporcionado que el RDL ha tenido sobre las mujeres migrantes, dificultando la identificación de las víctimas de violencia de género, víctimas de trata, o víctimas de violencia sexual. Y los del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica que pide al Gobierno asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes, definiendo el RDL como una media regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Ambos organismos han pedido a España que las personas migrantes con independencia de su situación administrativa no sean discriminadas en el acceso a la atención sanitaria.

Cuando la Presidenta de la CM se sumó a las CCAA que estaban propiciando la atención sanitaria a las personas excluidas, y anuncio a bombo y platillo que se atendería a todos los ciudadanos, no especificó que a ello estaba obligada porque la Asamblea de Madrid había aprobado una Propuesta No de Ley que le obligaba a ello, a pesar del voto encontra del Partido Porpular a la misma. Luego no se debía a que la Sr. Cifuentes mantuviese una postura más amable y diferente a la del Ministro de Sanidad.
Es hora por lo tanto que el gobierno comprenda que no hay otro camino que derogar el RDL 16/2012 que tanto daño innecesario y sufrimiento ha creado.