27 de agosto de 2015

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA


Son verdaderamente estremecedoras e intolerables las cifras de mujeres que a diario mueren a causa de la violencia machista. Ellas y la violencia que se ejerce sobre sus hijos e hijas no dejan de aumentar una lista inadmisible -ya van 31 mujeres y 8 menores en este año - ante la que nos quedamos horrorizados recurriendo a respuestas, las más de las veces, meramente simbólicas pero sin poner en la práctica medidas para atajarla.


La aplicación de la Ley contra la violencia de género aprobada en el año 2004 como se está demostrando es insuficiente, y, además, los presupuestos para su aplicación han sido recortados drásticamente. Lo que denota una vez más la hipocresía de la derecha cuando se enfrenta a la defensa de la vida. Por un lado lucha contra el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, y, por otro, se pone de perfil a la hora de la lucha contra las causas de la violencia machista que se ejerce contra las mujeres y el feminicidio que se está dando.


En un Informe de la OMS de junio de 2013 se destaca que la violencia contra la mujer es “un problema de salud global de proporciones epidémicas”. En España se estima que una de cada siete mujeres sufre violencia de género. Sin embargo la prevalencia de esta lacra no se conoce en su verdadera amplitud, pues se tiende a pensar solo en la violencia que acaba con la vida de las mujeres o sus hijos, o la que se denuncia. Cuando los estudios demuestran que hasta un tercio de las mujeres sufren algún tipo de maltrato psíquico, físico o sexual con un impacto negativo en su salud que habitualmente ni se visibiliza ni se tiene en cuanta. Como por ejemplo los casos de amenazas o coacción, acoso o privación de libertad que generalmente se realizan en la esfera privada.


La gran diferencia en las encuestas sobre los casos de violencia de género -entre un 30 y 35 % entre los 16 y 67 años, si incluimos la psicológica asciende al 45% - y la percepción que de la misma tienen las mujeres -menos del 10% - da una idea de la “normalización” de numerosas conductas machistas existentes en nuestra sociedad patriarcal. Recientemente varios estudios han puesto de manifiesto como las jóvenes ven normal amenazas, humillaciones o control sobre sus vidas de sus parejas.


Los problemas de salud cuyos orígenes están en la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres afectan su bienestar, y son el origen de casos de depresión, ansiedad, mayor vulnerabilidad al dolor crónico, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de tracto urinario, aumento de embarazos no deseados, abortos y bebés con bajo peso al nacer, etc.


Desde la perspectiva de los sistemas de salud es necesario abordar de forma decidida la violencia de género por el problema de salud que representa para las mujeres y sus hijos/as, por esto urge que sea una realidad las medidas de protección integral que contemplaba la Ley Orgánica 1/2004, que contemplaban en materia de sensibilización, prevención y detección de este problema en el ámbito sanitario. No es tolerable los recortes que ha sufrido.


Carmen San José Pérez
Diputada de PODEMOS en la Asamblea de la Comunidad de Madrid



Carmen San José Pérez
Diputada de PODEMOS en la Asamblea de la Comunidad de Madrid

24 de agosto de 2015

ACABAR CON EL APARTHEID SANITARIO DEL PP


 
 
Algunos de los nuevos gobiernos del cambio de comunidades autónomas, como el valenciano o el balear, están dando respuesta a la falta de atención sanitaria de las personas excluidas de la misma. La reacción del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido contundente: amenazas y supuestas multas de la Unión Europea… por las “consecuencias catastróficas” que puede tener esa decisión.

El Partido Popular, una vez más, ha recurrido a la desinformación para culpar a las CCAA que han tratado de solventar la exclusión sanitaria de más de 800.000 personas que ocasionó la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012. La misma norma que implantó el copago a los y las pensionistas, entre otras agresiones a la equidad en el acceso y el ejercicio del derecho a la atención sanitaria.

El Secretario General de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Rubén Moreno, ignora las denuncias que desde organismos de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea o Amnistía Internacional ha recibido su creación de un apartheid sanitario. También parece que ignora el gobierno del PP a los miles de profesionales sanitarios que a lo largo y ancho de todo el territorio del Estado objetamos ante una ley que iba en contra de nuestra ética. Así quedó registrado en los correspondientes colegios profesionales. Y, por último, parece que olvida al Tribunal Constitucional cuando les reconoció a los gobiernos autonómicos la potestad que tenían en esta materia; decisión que había sido recurrida por el propio Gobierno.

Asustar en el Congreso de los Diputados de las “consecuencias catastróficas” de la universalización de la tarjeta sanitaria evidencia las prioridades del Gobierno. Además resulta chocante su desconocimiento de las cuantías económicas que conlleva en los presupuestos el ampliar la cobertura a estas personas, dado que su impacto es mínimo.

En los últimos años, el Gobierno de Mariano Rajoy ha recortado la inversión en sanidad en más de 10.000 millones de euros. Al mismo tiempo rescataba bancos con un gasto de alrededor de 120.000 millones y modificaba, junto al PSOE, el artículo 135 de la constitución para poner el pago de la deuda por delante del derecho a la salud o a la educación.

Por eso no extraña, pero abochorna, que el PP recurra a las amenazas a los nuevos gobiernos autonómicos del cambio, cuando garantizar el derecho de todo ser humano a la protección sanitaria es algo que demandan amplios sectores de la ciudadanía.

Rubén Moreno parece olvidar que fue precisamente su jefe, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien anunció la entrega a los inmigrantes excluidos de una tarjeta sanitaria para ser atendidos… ¡Claro, pero entonces estábamos en periodo electoral y en las elecciones municipales pueden votar inmigrantes!

El Gobierno del Partido Popular no siente vergüenza por construir en el Estado español un apartheid con más de 800.000 personas excluidas de la atención sanitaria, lo que constituye un verdadero problema de salud pública. No parece darle ninguna importancia al hecho de que como consecuencia del Real Decreto Ley 16/2012 se hayan constatado al menos tres muertes, ni que la salud de miles de personas se haya deteriorado por no poder acceder al seguimiento de sus patologías. Tampoco que ahora las y los enfermos con menos ingresos, también ciudadanos y ciudadanas españolas, no puedan costearse la medicación.

Mariano Rajoy quiere utilizar el miedo como herramienta para maniatar a los nuevos gobiernos del cambio. Tener un Gobierno que pretende convertir en una amenaza la aplicación de derechos fundamentales de cualquier ser humano ya ha tenido bastantes “consecuencias catastróficas”. Tratándose de un periodo electoral para Cataluña y prelectoral para las próximas elecciones generales, resulta cruel jugar con el miedo a la enfermedad y a la falta de atención sanitaria de miles de personas a cambio de rascar unos votos que se activan por resortes próximos a la xenofobia. Una evidencia más de que los intereses de su partido están por encima del bienestar colectivo.

7 de agosto de 2015

EL CIERRE DE CAMAS HOSPITALARIAS, UN ATENTADO PARA LA SALUD




En la reciente sesión de investidura, la flamante nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, repitió varias veces que el sistema sanitario madrileño es uno de los mejores de España, e incluso del mundo. Decir esto, ahora, supone desinformación, manipulación, y palabrería embaucadora.
Este verano, un año más, la realidad es el colapso en los servicios de urgencias de nuestros principales hospitales. Lo que se ofrece es una imagen de verdadera vergüenza: Salas abarrotadas de enfermos que esperan horas y horas, unos en ser atendidos, otros en espera de resultados de las pruebas realizadas o por realizar, enfermos en camillas y sillas por los pasillos a la espera de una cama para ser ingresados. Los tiempos de espera comúnmente admitidos en los servicios de urgencias hace mucho que no se cumplen. Ese sistema que tanto ponderaba maltrata directamente a los pacientes que acuden necesitados de una atención que no admite demora. Y entonces se encuentran con que la tan cacareada calidad y excelencia de nuestro sistema sanitario brilla por su ausencia, Sra. Cifuentes.

¿A qué se debe este colapso? ¿Es que no se puede planificar para que esto no ocurra de forma cíclica cada año en las mismas fechas de verano e invierno?

La masificación en los servicios de urgencias es el exponente más palpable del deterioro que ha sufrido en los últimos años el sistema sanitario público de la CM. Las privatizaciones, el querer hacer del mismo una “oportunidad de negocio” como proclamaron y pusieron en marcha antiguos Consejeros de Sanidad del partido Popular, y los recortes presupuestarios han disminuido las plantillas en más de 7000 profesionales. Preparando el desmantelamiento, se han cerrado servicios, con lo que las listas de espera se han multiplicado, y la carga de trabajo de los servicios de urgencias, sujetos también a los recortes de personal y recursos, ha aumentado, con las consecuencias previsibles.

Los trabajadores/as sanitarios/as de los servicios de urgencias llevan denunciando desde hace tiempo las malas condiciones en que se ven obligados a trabajar, no dan a basto, sufren por no poder llegar y por ver como se trata a las personas, se frustran porque como profesionales saben que no se están haciendo bien las cosas. Pero todo esto da igual a las direcciones médicas, a las gerencias y al propio Consejero de Sanidad. Evidentemente ellos no son los que sufren la presión de los enfermos que esperan, aunque son plenamente conscientes del caos de las urgencias. Es más, el maquillaje previo nunca se olvida cuando, en campañas electorales y otros eventos publicitarios, vemos a los responsables de gira por el desastre.

¿Cómo se puede justificar, este mismo verano, con la carencia de camas que hay en nuestros hospitales públicos, el cierre de 243 camas en el Hospital Ramón y Cajal, 390 en el Hospital de La Paz, 63 en el Hospital de la Princesa, 331 en el Hospital 12 de Octubre, o 316 en el Hospital Clínico de San Carlos? ¡¡¡1343 camas cerradas!!!

No engañe a la ciudadanía madrileña. No tenemos el mejor sistema sanitario. Aunque si contamos aún – a pesar de ustedes - con grandes profesionales sanitarios.

Usted misma lo pudo comprobar, Sra. Cifuentes, cuando acudió a las urgencias de traumatología de La Paz, no hace tanto. Tuvo usted la suerte de que éste servicio de urgencias aún no había sido desmantelado.


Carmen San José Pérez
Diputada de PODEMOS en la Asamblea de la Comunidad de Madrid