En las
últimas semanas hemos vivido un conflicto entre sindicatos,
activistas en defensa de la sanidad pública, el círculo de Podemos
y Ahora Madrid, al conocerse que la Concejalía de Salud, Seguridad y
Emergencias había publicado en el BOE la licitación para sacar a
concurso público dos servicios de salud comunitaria.
Se trataba de
subcontratar unos programas, dado que al parecer, justificaban los
responsables de "Madrid Salud", no se podían llevar a cabo
con el personal con que cuenta este organismo autónomo. Y, por otra
parte, no se les permitía contratar como trabajadores propios del
Ayuntamiento debido a los límites que imponía la Ley Montoro.
La primera
torpeza que cometió Ahora Madrid es no hacer pública la información
sobre los planes de externalizar estos servicios, más allá de
llevar meses hablando que ellos no iba a realizar la privatización
mediante colaboraciones público-privadas, que se trataba de
“hibridaciones”, o también se referían a ellas como
colaboración público-social. Pero la realidad es que hasta que no
se materializó la publicación en el BOE de los contratos, y se pudo
comprobar que se trataba de externalizaciones de servicios, nadie
sabía cómo se iban a llevar a cabo esos programas.
La sorpresa
fue constatar que se trataba, la llamen como la llamen desde la
Concejalía, de privatizar unos servicios de salud de promoción y
prevención, que son competencia del Ayuntamiento de Madrid.
Nadie pensó
que fuera fácil gobernar, y menos dentro de unas instituciones que
no son las nuestras y con una legislación totalmente contraria a los
intereses de las mayorías sociales. Pero Ahora Madrid llegó al
gobierno del Ayuntamiento de Madrid con un programa que plasmaba
reivindicaciones por las que mucha gente luchó y sigue luchando,
como es una Sanidad Pública 100 x 100. Y esto significa que tanto la
financiación, la provisión como la gestión se tiene que realizar
desde los poderes públicos.
Por esta
razón es rechazable desde todo punto de vista que se aluda a la Ley
Montoro, que indiscutiblemente dificulta la contratación de personal
por parte de las Administraciones Públicas porque impone un techo,
pero no lo prohíbe. Y por otra parte, ¿Se habían explorado otras
vías alternativas para poder dar estos servicios? Porque resulta que
se podría haber realizado la Declaración de servicios esenciales,
por ejemplo. Sin ir más lejos la atención sanitaria urgente que
realiza el SAMUR no es competencia del Ayuntamiento… !!! Pero la
Salud Pública pública si, y con ella la promoción y la
prevención!!!. Luego no parece que los responsables del Madrid Salud
hayan primado la salud comunitaria desde un principio dando un giro,
como mantienen, a lo hecho con anterioridad. Y demuestra que tampoco
han entrado en negociaciones decisivas con la Consejería de Sanidad
para ajustar las competencias que cada institución tiene.
La tensión
desencadenada la utilizó hasta el oportunista PSOE del Ayuntamiento
que presentó días antes del último Pleno una Moción para que se
diera marcha atrás a estas licitaciones.
Al final la
presión ejercida desde todos los sindicatos del Ayuntamiento, y de
fuera, como la acción ejercida desde el MATS, pasando por las
Plataformas en defensa de la Sanidad Pública que se posicionaron en
contra, así como diversos colectivos de la Marea Blanca, el Círculo
de Sanidad y el Área de Salud y Sanidad de Podemos Comunidad de
Madrid, ha sido decisiva para que en el último Pleno de este mes de
Julio, Ahora Madrid presentase una Transaccional para abordar el tema
con los agentes sociales, así como plantear la declaración de
servicio esencial, que salió adelante con los votos del PSOE y Ahora
Madrid.