Carmen San José
- Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid
Algunos de los nuevos gobiernos del cambio de
comunidades autónomas, como el valenciano o el balear, están dando
respuesta a la falta de atención sanitaria de las personas excluidas de
la misma. La reacción del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido contundente:
amenazas y supuestas multas de la Unión Europea… por las “consecuencias
catastróficas” que puede tener esa decisión.
El
Partido Popular, una vez más, ha recurrido a la desinformación para
culpar a las CCAA que han tratado de solventar la exclusión sanitaria de
más de 800.000 personas que ocasionó la aprobación del Real Decreto Ley
16/2012. La misma norma que implantó el copago a los y las
pensionistas, entre otras agresiones a la equidad en el acceso y el
ejercicio del derecho a la atención sanitaria.
El Secretario General de Sanidad del Ministerio de
Sanidad, Rubén Moreno, ignora las denuncias que desde organismos de
Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea o Amnistía Internacional ha
recibido su creación de un apartheid sanitario.
También parece que ignora el gobierno del PP a los miles de
profesionales sanitarios que a lo largo y ancho de todo el territorio
del Estado objetamos ante una ley que iba en contra de nuestra ética.
Así quedó registrado en los correspondientes colegios profesionales. Y,
por último, parece que olvida al Tribunal Constitucional cuando les
reconoció a los gobiernos autonómicos la potestad que tenían en esta
materia; decisión que había sido recurrida por el propio Gobierno.
Asustar en el Congreso de los Diputados de las “consecuencias
catastróficas” de la universalización de la tarjeta sanitaria evidencia
las prioridades del Gobierno. Además resulta chocante su desconocimiento
de las cuantías económicas que conlleva en los presupuestos el ampliar
la cobertura a estas personas, dado que su impacto es mínimo.
En los últimos años, el Gobierno de Mariano Rajoy ha recortado la
inversión en sanidad en más de 10.000 millones de euros. Al mismo tiempo
rescataba bancos con un gasto de alrededor de 120.000 millones y
modificaba, junto al PSOE, el artículo 135 de la constitución para poner
el pago de la deuda por delante del derecho a la salud o a la
educación.
Por eso no extraña, pero abochorna, que el
PP recurra a las amenazas a los nuevos gobiernos autonómicos del
cambio, cuando garantizar el derecho de todo ser humano a la protección
sanitaria es algo que demandan amplios sectores de la ciudadanía.
Rubén Moreno parece olvidar que fue precisamente su jefe, el ministro
de Sanidad, Alfonso Alonso, quien anunció la entrega a los inmigrantes
excluidos de una tarjeta sanitaria para ser atendidos… ¡Claro, pero
entonces estábamos en periodo electoral y en las elecciones municipales
pueden votar inmigrantes!
El Gobierno del Partido Popular no siente vergüenza por construir en el Estado español un apartheid
con más de 800.000 personas excluidas de la atención sanitaria, lo que
constituye un verdadero problema de salud pública. No parece darle
ninguna importancia al hecho de que como consecuencia del Real Decreto
Ley 16/2012 se hayan constatado al menos tres muertes, ni que la salud
de miles de personas se haya deteriorado por no poder acceder al
seguimiento de sus patologías. Tampoco que ahora las y los enfermos con
menos ingresos, también ciudadanos y ciudadanas españolas, no puedan
costearse la medicación.
Mariano Rajoy quiere
utilizar el miedo como herramienta para maniatar a los nuevos gobiernos
del cambio. Tener un Gobierno que pretende convertir en una amenaza la
aplicación de derechos fundamentales de cualquier ser humano ya ha
tenido bastantes “consecuencias catastróficas”. Tratándose de un periodo
electoral para Cataluña y prelectoral para las próximas elecciones
generales, resulta cruel jugar con el miedo a la enfermedad y a la falta
de atención sanitaria de miles de personas a cambio de rascar unos
votos que se activan por resortes próximos a la xenofobia. Una evidencia
más de que los intereses de su partido están por encima del bienestar
colectivo.