Se
acaban de cumplir tres años de la
entrada en vigor del Real Decreto
16/2012
sobre la
exclusión sanitaria que implantó el gobierno del Partido Popular.
Si bien es cierto que varias CCAA han seguido prestando atención
sanitaria a
la población que esta ley excluía, en otros territorios gobernados
por el PP no ha sido el así. Para
todas estas personas,
unas 870.000 en todo el Estado,
estos tres
años se han caracterizado por el miedo
a caer enfermas, si ya lo estaban por el temor a no poder continuar
con su seguimiento y el tratamiento adecuado. Grave sufrimiento ante el
empeoramiento de sus patologías, lo que en algunos casos les llevó
a la muerte.
Los
nuevos gobiernos del cambio que salieron de las elecciones
autonómicas pasadas han tratado de resolver este atropello con diversas iniciativas que palian y ofrecen
atención sanitaria a todas las personas de sus territorios. Ante
estas medidas el gobierno de la nación amenazó a las
CCAA, pero tuvo que ceder por las críticas recibidas desde numerosos sectores, y las convocó a una reunión para
acordar un documento común de actuación.
El
citado documento no asegura, como ya lo habían hecho saber desde el
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales
e Igualdad, la atención sanitaria en las mismas condiciones a
todos/as las personas que ahora
están excluidas. Además,
las que opten por pedir el certificado que les de derecho a la asistencia
se les exigirán unos informes, entre
ellos el empadronamiento durante más de 6 meses, que han de tramitar
los Servicios Sociales y, posteriormente, se les inscribirá en un
registro dispuesto para este fin. A cualqueir persona conocedora de la situación de estos colectovos se le ocurrirá que todo
esto dificultará la obtención del citado documento. Y seguirá haciendo desistir a numerosos migrantes de acudir a
los centros de salud.
El
gobierno del Sr. Rajoy se niega a reconocer el derecho a la protección a la salud
dando mil vueltas a parches que sólo inciden en la discriminación
de los grupos más vulnerables, abriendo un registro que además de
innecesario puede ser usado de forma coercitiva, y
a un empadronamiento, al cual puede acceder la policia dado que
lo permite la legislación actual. Y,
por otra parte, sigue ignorando los once
informes de organismos internacionales que se han dirigido al
gobierno de España
con la intención de que se rectifique
el citado RDL.
Los
últimos informes son los del Comité para la Eliminación de la
Discrimianción contra la Mujer de Naciones Unidas, que apunta al
impacto desproporcionado que el RDL ha tenido sobre las
mujeres migrantes, dificultando la identificación de las víctimas
de violencia de género, víctimas de trata, o víctimas de violencia
sexual. Y los del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la
cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en
la práctica que pide al Gobierno asegurar la cobertura sanitaria
para todas las personas migrantes, definiendo el RDL como una media
regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España
en materia de derechos humanos. Ambos organismos han pedido a España
que las personas migrantes con independencia de su situación
administrativa no sean discriminadas en el acceso a la atención
sanitaria.
Cuando la Presidenta de la CM se sumó a las CCAA que estaban propiciando la atención sanitaria a las personas excluidas, y anuncio a bombo y platillo que se atendería a todos los ciudadanos, no especificó que a ello estaba obligada porque la Asamblea de Madrid había aprobado una Propuesta No de Ley que le obligaba a ello, a pesar del voto encontra del Partido Porpular a la misma. Luego no se debía a que la Sr. Cifuentes mantuviese una postura más amable y diferente a la del Ministro de Sanidad.
Es
hora por lo tanto que el gobierno comprenda que no hay otro camino
que derogar el RDL 16/2012 que tanto daño innecesario y
sufrimiento ha creado.