Hoy
se ha celebrado en la Asamblea de Madrid un Pleno Monográfico sobre
la Pobreza y la Desigualdad en la Comunidad de Madrid a propuesta de
nuestro Grupo Parlamentario Podemos.
Ha
sido una ocasión, como nunca se había dado, para poder debatir
sobre la situación de riesgo de pobreza en la que viven un 20% de
madrileños y madrileñas. Sobre la ciudad en la que más ha crecido
la segregación y la segunda más desigual de Europa. Y donde casi el
30% de la infancia está en riesgo de pobreza.
La
pobreza se ha instalado en nuestra CM por la creciente desigualdad
existente y la falta de políticas para paliar esta situación. Tanto
el modelo productivo como la fiscalidad en los 20 años que lleva
gobernando el Partido Popular solo han servido para profundizar en un
reparto más desigual de la riqueza.
La
repercusión en la prensa ha sido bastante importante por lo que
adjunto aquí las diferentes noticias:
-
Europa Press La Asamblea celebra este jueves un Pleno monográfico
sobre pobreza y desigualdad
http://www.europapress.es/madrid/noticia-asamblea-celebra-jueves-pleno-monografico-pobreza-desigualdad-20151112054936.html
(El
Economista, La Vanguardia y lainformación.com recogen la nota de
Europa Press).
-
EFE: López dice que desigualdad no es fruto del azar sino de
decisiones políticas
(La
Vanguardia, El Economista y ABC recogen el teletipo de EFE).
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20151112/54439783511/lopez-dice-que-desigualdad-no-es-fruto-del-azar-sino-de-decisiones-politicas.html
-
Europa Press: Podemos afea a Cifuentes que convoque un Consejo de
Gobierno extraordinario coincidiendo con el Pleno sobre pobreza
http://www.europapress.es/madrid/noticia-podemos-afea-cifuentes-convoque-consejo-gobierno-extraordinario-coincidiendo-pleno-pobreza-20151112115337.html
-
Telemadrid (Madrid Despierta): La Asamblea de Madrid va a vivir una
jornada intensa con el pleno sobre la pobreza en la Comunidad de
Madrid promovido por Podemos.
-
Onda Madrid: Pleno monográfico sobre la pobreza en la Asamblea de
Madrid. Los grupos debatirán y votarán una serie de resoluciones
para combatir la desigualdad en la región.
-
RNE: La Asamblea de Madrid celebra hoy un pleno monográfico sobre
pobreza. Los grupos debatirán y votarán una serie de resoluciones
para combatir la desigualdad en la región. Este pleno, propuesto por
el grupo parlamentario de Podemos, cuenta con el respaldo de todos
los partidos.
-
Cadena SER: Pleno monográfico sobre pobreza en la Asamblea de
Madrid, sesión en la que una vez más ha quedado patente la división
ideológica que salió de las elecciones. Cada grupo se ha erigido
como el mejor defensor de los más necesitados. Declaraciones JM
López.
-
La Vanguardia (EFE): Podemos quiere un cambio constitucional para
garantizar los derechos sociales
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20151112/54438805366/podemos-quiere-un-cambio-constitucional-para-garantizar-los-derechos-sociales.html
NUESTRAS
RESOLUCIONES SOBRE DESIGUALDAD Y POBREZA
RESOLUCIÓN
1. NUEVO MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA REGIÓN
El
modelo productivo de la región se ha consolidado también como uno
de los factores más determinantes en el incremento y la
consolidación de la desigualdad en la Comunidad de Madrid. La
transformación de dicho modelo, teniendo en cuenta el contexto de
desigualdad territorial y el tipo de empleo que se ha generado hasta
el momento en la Comunidad, resulta imprescindible para reducir y
frenar la desigualdad, apostando por la innovación y el medio
ambiente como sectores clave de la reconversión.
Dos
son los elementos fundamentales que explican la necesidad de reformar
el sistema fiscal de la Comunidad de Madrid: a) la región tiene una
fiscalidad desigual de escasa progresividad. Esto implica privilegios
y ventajas fiscales para las rentas más altas, en forma de
bonificaciones, deducciones, minoraciones,… etc, que provocan
distorsiones en materia tributaria y una transferencia de recursos
públicos fiscales de las rentas bajas y especialmente medias a
las más altas; b) la necesidad de incrementar la suficiencia fiscal
de la región para garantizar la financiación de las medidas
presentadas para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en un
contexto en el que durante los últimos años (periodo 2011-2015) los
ingresos fiscales han sido insuficientes para cubrir la totalidad del
presupuesto de la Comunidad de Madrid.
La
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:
1.
Elaborar un Plan Estratégico para el Desarrollo Regional
(2016-2023). Dicho Plan descansará en el desarrollo de una
Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e
Innovación en sectores de alta intensidad en tecnología y capital
humano. Entre los sectores prioritarios del Plan estarán la
industria aeronáutica, la de automoción (vehículos eléctricos),
biotecnología, la rehabilitación energética y la relacionada con
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta
reconversión vendrá acompañada de: a) un Plan sobre Ahorro y
Eficiencia Energética en la Comunidad y; b) Un plan de I+D+i que
incremente los recursos y que priorice la transferencia tecnológica
y acercándola a las comarcas y municipios de la Comunidad de
Madrid, de manera que junto a la promoción de centros tecnológicos
de excelencia se implanten numerosos espacios de pequeña
escala, repartidos por todo el territorio económico, en los que se
fomente el aprendizaje tecnológico, la innovación y el cambio de
modelo productivo.
2.
Desarrollar el pequeño y mediano comercio a través de a) la
apertura de un Centro Regional de Formación en Comercio; b) la
puesta en marcha de un programa de distribución on-line para el
pequeño y mediano comercio de la Comunidad de Madrid; c) la revisión
de la libertad de horarios comerciales y la evaluación del impacto
socio-comercial de las nuevas grandes superficies y; d) ampliar la
financiación y las líneas de crédito al pequeño y mediano
comercio.
3.
Eliminar la bonificación del 100% para los altos patrimonios en la
Comunidad de Madrid establecida por el Partido Popular.
4.
Instar al Gobierno de la Nación a modificar el sistema de
tributación de las SICAV, que pasarán de tributar al 1% a tributar
según el tipo general nacional.
5.
Incrementar la transparencia y el establecimiento de cláusulas
sociales en la contratación pública en la Comunidad de Madrid. Por
un lado se realizarán cada año, tres semanas después de la
aprobación de los Presupuestos, unas jornadas de transparencia donde
se presenten públicamente todas las licitaciones y contrataciones
que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha ese año. Esta medida
favorece el acceso del conjunto del tejido empresarial a esta
información, mejorando las posibilidades de participación de los
diferentes actores empresariales. Por otro lado, se elaborará un
decreto regulador de la contratación pública de obras, servicios y
suministros de la Comunidad de Madrid para incorporar diferentes
criterios relacionados con la calidad y las condiciones laborales de
la empresa para que el criterio de menor precio no sea el
preeminente.
RESOLUCIÓN
2. EMPLEO Y ACCESO A RENTAS
El
principal problema económico y social de la Comunidad de Madrid es
el alto nivel de desempleo: más de 612.000 personas se encontraban
sin trabajo a finales del 2014. Esto es resultado de una intensa
destrucción del empleo de 340.000 puestos de trabajo entre 2008 y
2014. En el sector de la construcción se localiza el 60 % de esa
pérdida (196.100 empleos), y en la industria la caída ha sido del
25,44 % (87.400 empleos). También, el sector agrícola ha
disminuido el número de ocupados en un 52,23 % (11.700 ocupados),
e incluso en el sector servicios ha tenido lugar una destrucción en
el número de empleos del 1,72 % (41.800 empleos menos en este
sector).
Tomando
como referencia el periodo de crisis (2008-2014), la tasa de
desempleo, se ha más que duplicado hasta alcanzar en el cuarto
trimestre de 2014 un 18 %. Prácticamente 1 de cada 5 madrileños
que está en edad y disposición de trabajar no tiene empleo.
Situación que es especialmente severa para el sector de los jóvenes
menores de 25 años (46,37 % en el último trimestre de 2014).
La
protección de los desempleados ha sido recortada drásticamente: en
2008, el 74,5 % de los desempleados recibía algún tipo de
prestación económica; en octubre de 2014, solo la recibía el
45,4 %. La caída equivale a una reducción del 39 % en estos
seis años (actualmente 318.797 personas carecen de cualquier tipo de
prestación o subsidio).
También
hemos asistido a una alta precarización del mercado de trabajo. La
contratación a tiempo parcial ha supuesto en torno al 45 % de los
nuevos contratos realizados, cifra que se eleva aproximadamente en un
10 % más para las mujeres. Por otro lado, el porcentaje de
contratos temporales representa hasta un 84 % del total de los
realizados el último año.
El
salario medio del empleo principal ha aumentado de 2008 a 2013 en
términos nominales tan solo un 7,3 %, mientras que el poder
adquisitivo del mismo se redujo en un 2,1 % en ese mismo período.
Si atendemos a la distribución de este crecimiento según el nivel
de ingresos, se observa que los que reciben menos ingresos han
experimentado una disminución de su salario medio. Y la brecha
salarial entre hombres y mujeres ha seguido sin reducirse: en 2012,
en la Comunidad de Madrid, se situaba en el 21,55 %.
Si
ponemos el foco en los niveles de pobreza, la tasa de pobreza severa
está ya situada en el 6,7 % de los hogares. Es decir, más de
70.000 familias pasan hambre, frío o no pueden obtener las medicinas
que necesitan. La exclusión social ha aumentado en un 6,25 % desde
que comenzó la crisis. Otros indicadores relacionados con la
carencia material también revelan la intensificación de la fractura
social; en los últimos doce meses ha aumentado un 23 % el
porcentaje de hogares que han retrasado el pago de gastos
relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos
de gas, comunidad…), y otro 23 % el número de hogares que no
pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
La
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:
En
coordinación con la implantación de una Renta Estatal Garantizada,
se revisará la actual RMI, que solo la perciben en torno a 25.000
hogares en situación de pobreza severa de la Comunidad de Madrid,
para que pueda ser disfrutada por todos los colectivos en situación
de «pobreza severa», alcanzando de esta manera a unos 73.000
hogares. Se instrumentará como un derecho subjetivo, con una cuantía
en torno a 600 euros y complementos por hijos menores, y será
compatible con otras rentas por trabajos ocasionales, con un tope que
evite desincentivos al acceso al trabajo.
Asegurar
jurídica y materialmente el derecho a la vivienda de la población
en riesgo de exclusión social (con especial atención a la infancia,
a mujeres víctimas de violencia machista y a familias
monoparentales), siendo estos colectivos quienes más sufren la
vulneración de su derecho a la vivienda y con peores consecuencias.
Para ello la Comunidad de Madrid adoptará dos medidas: 1. Mediación
de sus administraciones públicas en los procesos judiciales que
puedan desembocar en desalojos forzosos sin alternativa habitacional
(desahucios por impago de alquiler y lanzamientos en ejecuciones
hipotecarias); y 2. Recuperación y ampliación del parque público
de vivienda social a efectos de asegurar la alternativa habitacional
a la población en riesgo de exclusión que no pueda acceder a la
misma en el mercado libre."
Poner
en marcha con la suficiente dotación económica de un plan
específico de empleo destinado a los grupos de desempleados mayores
de 45 años, que llevan más de dos años en esa situación.
Reforzar
y reestructurar las inversiones asociadas a las transferencias
finalistas del Plan PRISMA (Programa Regional de Inversiones y
Servicios de Madrid), para dirigirlas fundamentalmente hacia
actuaciones de recuperación de los espacios naturales y el cuidado
de los montes, la mejora e informatización de la administración de
los ayuntamientos, el ahorro energético, y energías renovables, y
reciclaje. Las inversiones también se dirigirán a un plan regional
de cohesión territorial que tenga como objetivo la solidaridad
interregional y la planificación de las infraestructuras y
dotaciones municipales.
Se
tendrán como objetivos prioritarios tanto la revisión de los
actuales límites de la tasa de reposición como la recuperación del
empleo público perdido en los sectores sanitarios y educativos
públicos. Se iniciará de forma inmediata la recuperación de al
menos el 50 % a finales del 2016.
RESOLUCIÓN
3. EDUCACIÓN
La
Educación es un derecho fundamental y la obligación ética y legal
de los poderes públicos es el asegurar su cumplimiento. La Educación
no es un derecho más, es la base de otros derechos fundamentales
como la libertad o la igualdad. Por ello la educación no es solo un
derecho individual de cada uno y de todos sino un bien común
imprescindible para asegurar la cohesión y la equidad social.
En
el contexto actual de incremento de las desigualdades sociales que
sufre nuestra Comunidad es prioritario no obviar el papel de la
escuela como herramienta de compensación social y establecer
mecanismos que fomenten la inclusión de los que tienen mayores
dificultades.
Es
importante, en ese sentido y en aras de la equidad, desterrar del
sistema educativo mecanismos que pudieran favorecer diferenciaciones
entre estudiantes y centros educativos que profundicen la brecha
social existente desvirtuando el sentido mismo de la educación.
Evitar la diferenciación del alumnado y de los centros conforme a
criterios socioeconómicos y de capacidad intelectual, fomentando un
sistema “de dos velocidades” en el que los recursos se destinan
mayoritariamente a una parte del sistema empujando a la otra a la
marginalidad y acentuando la desigualdad social y territorial, es una
tarea imprescindible y urgente para todos.
Por
el contrario, es una responsabilidad poner en marcha mecanismos que
numerosos estudios tanto de la OCDE como de UNESCO y otros organismos
internacionales se han mostrado eficaces en la lucha contra la
desigualdad social. Por ello es crucial:
Favorecer
la educación temprana, espacialmente para las familias con pocos
recursos y en riesgo de exclusión social desarrollando un sistema
fuerte de apoyos educativos que permita la escolarización en centros
ordinarios a estudiantes con diversidad,
Establecer
un sistema de becas y apoyos asociado no al rendimiento académico
sino a las dificultades reales de alumnado y centros educativos
evitando mecanismos de clasificación en base a su rendimiento
académico y sin “callejones sin salida” que favorezcan el
abandono temprano y la formación de grupos de alumnos con
dificultades.
Favorecer
el encuentro y coordinación con las familias con especial atención
y apoyo a aquellas con menores recursos económicos y socioculturales
promoviendo la coordinación con servicios sociales y destinando
recursos específicos de ayuda y apoyo en horario no lectivo a los
estudiantes con mayores dificultades.
Incentivar
al profesorado con más experiencia y formación para formar equipos
docentes en los centros de difícil desempeño dotándoles no solo de
recursos materiales y humanos sino de mayor disponibilidad en la
coordinación de equipos docentes.
Promover
cursos formativos a adultos que no tuvieron la oportunidad de seguir
los estudios durante su infancia y juventud y facilitar el acceso a
estudios postobligatorios a estudiantes con menor poder adquisitivo.
Estas
medidas comunes a los numerosos informes sobre equidad y educación
descansan sobre una base: considerar la educación como un derecho
individual y una responsabilidad social en lo que atañe a igualdad y
equidad, de ahí que la apuesta por una educación pública de
calidad sea un deber para las administraciones educativas.
En
ese sentido, la educación de un estado democrático debe mantenerse
al margen de cualquier lógica basada en la rivalidad y competencia.
De la organización del sistema educativo dependen los mimbres que
tejen la sociedad del mañana por ello la cooperación y ayuda entre
estudiantes, entre escuelas, con la comunidad educativa y la sociedad
en general es el espíritu que debe regir las normas sobre las cuales
construir el sistema educativo en una sociedad democrática.
Por
todo ello la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de
Madrid a:
Puesta
en marcha de un estudio para elaborar un Plan de Erradicación del
fracaso y el absentismo escolar.
Recuperación
de recursos para becas de escolarización, becas de comedor y
material escolar con especial atención a situaciones de urgencia
social.
Reposición
progresiva del 80% de la reducción presupuestaria de los apoyos con
necesidades educativas especiales y con necesidades de compensación
educativa.
Garantizar
el acceso a la educación de 0 a 6 años a todas las personas a
través de un sistema de escuelas infantiles públicas gratuitas
Incremento
de la oferta formativa y del sistema de becas en centros de adultos y
estudios postobligatorios que aseguren una educación a lo largo de
la vida.
RESOLUCIÓN
4. SANIDAD
Los
Sistemas Nacionales de Salud (SNS) surgieron en Europa como soporte
fundamental ante la brecha social que se había creado tras la
segunda guerra mundial. Desde entonces, los SNS han constituido en
diversos países europeos, y particularmente en España, un referente
y un instrumento imprescindible para crear un estado de bienestar que
garantice principios básicos como la equidad en el acceso a la
protección de la salud como punto de partida para minimizar las
desigualdades sociales.
Es
en épocas de crisis cuando estos sistemas públicos, amortiguadores
de la creciente brecha social, más contribuyen a minimizar el
impacto de la crisis y a redistribuir de manera más justa el capital
social. Por eso, por su potencial solidario, redistributivo e
integrador, consideramos erróneas y gravemente perjudiciales para el
conjunto de la sociedad, las políticas llevadas a cabo recientemente
de descapitalización y desinversión en nuestra Sanidad Pública.
Por todo ello defendemos:
1-Una
Sanidad pública universal en un sistema basado en la solidaridad de
una sociedad que redistribuye el riesgo individual que cualquier
persona tiene de enfrentarse a la penosidad económica y social de
enfermar, y lo afronta de manera colectiva y justa entre toda la
sociedad. Razón por la cual nuestra Sanidad se financia con
impuestos como principio básico de esta solidaridad y
redistribución.
2-Una
Sanidad pública que actúa como garante de la igualdad de
oportunidades ante la enfermedad protegiendo la salud sin
discriminación alguna.
Si
la enfermedad no entiende de clases ni de nacionalidades, su curación
tampoco.
3-Una
Sanidad pública reforzada como principal amortiguador de las
desigualdades sociales corrigiéndolas para proporcionar salud y
englobada dentro de un sistema de protección social que ataja estas
desigualdades, principales factores de riesgo para la salud.
Desigualdades sociales que se ven incrementadas en aquellas personas
dependientes a los que no ha llegado ayuda alguna, lo que repercute
directamente en su salud y en la de su entorno.
Así
lo demuestran las desigualdades en la esperanza de vida según
condiciones socio-económicas objetivadas en nuestra Comunidad de
Madrid.
4-
Una Sanidad Pública que rechaza los copagos que suponen un doble
impuesto a la enfermedad, que rompen la equidad y que dificultan el
total acceso a las diferentes terapias. Copagos que han permitido
acuñar el término de Pobreza Farmacológica en aquellos pacientes
que no pueden permitirse “el lujo” de mantener su medicación,
que añadida a las dificultades para asegurar una alimentación
suficiente y equilibrada, supone, en el caso de Madrid, un 17,9% de
su población.
La
pobreza farmacológica sacude al 10,2% de los hogares en Madrid en
los cuales sus integrantes han dejado de comprar medicinas o han
abandonado tratamientos y dietas por problemas económicos. Situación
que afecta a 1 de cada 2 hogares que se encuentran en exclusión
severa.
5-
Una Sanidad pública que actúa como motor generador de salud,
imprescindible para el desarrollo y crecimiento económico sostenido
y sostenible. Invertir en salud no solo es lo correcto por razones
éticas, también es lo más inteligente para lograr la prosperidad
económica. Poner a las personas por delante de los números, para
que los números salgan, con un sistema público como solución al
problema de la crisis y la desigualdad.
6-Una
Sanidad pública que no da cabida al lucro y que rechaza cualquier
privatización por cuanto supone una descapitalización del sistema y
una pérdida de ese patrimonio que debe velar por la redistribución
de la protección de la salud, la calidad del servicio y la propia
eficiencia del sistema.
Por
todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de
Madrid a:
1-Garantizar
el acceso en igualdad de condiciones y oportunidades al derecho que
toda persona residente en la Comunidad de Madrid posee a la
protección de su salud, fortaleciendo e invirtiendo en la Sanidad
Pública, principal garante de la equidad.
2-Combatir
con firmeza los Determinantes Sociales en Salud como principales
elementos desintegradores para la salud con un giro hacia la total y
verdadera protección social.
3-Proteger
de manera prioritaria a las personas dependientes como cabría
esperar en cualquier sociedad con valores éticos y solidarios ante
la enfermedad y las limitaciones funcionales.
4-Eliminar
todo copago que grave económicamente la enfermedad y crear un fondo
de rescate de la pobreza farmacológica que evite los abandonos
terapéuticos por motivos económicos corresponsabilizando a la
industria farmacéutica y a la administración.
5-Proteger
con firmeza nuestro patrimonio sanitario público como garante de la
redistribución de la salud, rechazando y revirtiendo cualquier
proceso privatizador que ponga en peligro la cohesión del sistema.
RESOLUCIÓN
5. SERVICIOS PÚBLICOS Y CALIDAD DE VIDA
Solo
unas políticas públicas que apuesten por un modelo sustentado en un
concepto amplio de bienestar podrán hacer frente a nuestra realidad
social compleja y a las exigencias de la actual coyuntura.
Proponemos
un modelo de bienestar entendido este desde un punto de vista
integral, no solo como al acceso a los recursos materiales en
condiciones de equidad sino también en su dimensión tanto política
(participación) como social (relacional), en relación a los
sectores de sanidad, educación, servicios sociales, cultura y
deporte. La igualdad de género, LGTB, diversidad funcional,
infancia, mayores, juventud deben de ser ejes transversales a todo el
modelo.
Un
modelo que se basa en el acceso a unos servicios públicos de
proximidad, que cooperen entre sí, como elementos fundamentales para
una calidad de vida digna y en el que confluyan los derechos
políticos, sociales y culturales de todos y todas.
Proponemos
un modelo de bienestar que iguale por arriba, no por abajo. No
proponemos un modelo en el que la igualdad consista en un mínimo
común para la superviviencia, sino que entendemos que un sistema
igualitario en el que la calidad máxima a la que puedan llegar los
servicios públicos, sea mínimo imprescindible para todos los
ciudadanos.
Este
modelo de bienestar coherente con la Estrategia Europa 2020 de la
Comisión Europea para la consecución de cinco objetivos escala
nacional y regional: el empleo, la investigación y la innovación,
el cambio climático y la energía, la educación y la lucha contra
la pobreza.
Poner
remedio a la crisis socioeconómica y pensar en estrategias sólidas
a futuro.
La
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:
Instar
al Gobierno del Estado a la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local que supone un ataque al municipalismo y a la garantía de los
derechos individuales y colectivos.
Impulsar
el marco normativo vigente del que nos dota la Ley 2/2003 de 11 de
marzo relativa a la Coordinación de la Comunidad de Madrid con las
Entidades Locales regulada en su Título V.
Realizar
un diagnóstico riguroso de la distribución competencial
(servicios-equipamientos) y problemas en términos de duplicidad o
descoordinación para potenciar la cooperación y coordinación entre
niveles administrativos diferentes: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento
y Juntas de distrito, dirigidas a una gestión más eficiente de los
recursos para orientarlos a las necesidades reales de las personas.
Desarrollar
un Plan Regional contra la pobreza y la desigualdad encaminado a
implantar órganos intersectoriales estables. El Plan deberá ir
dotado de financiación suficiente.
Remitir
a la a la Mesa del Congreso una proposición de cambio
constitucional, con forma de proposición de Ley, para garantizar
constitucionalmente los derechos sociales, por parte de los grupos
parlamentarios que integran la Asamblea de Madrid, en virtud de la
capacidad de iniciativa de reforma constitucional, recogida en la
Constitución (art.166 y art.87.2), en el Estatuto de la Comunidad
Autónoma de Madrid (art. 16.3 h) y en el Reglamento de la Asamblea
de Madrid (arts.175-177).
RESOLUCIÓN
6. COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES
En
los últimos años, la Comunidad de Madrid, que es una de las
comunidades más segregadas de Europa, ha sido de las pocas que ha
reducido el nivel de protección a los grupos de ciudadanos en
situación de extrema necesidad. El gasto dedicado a servicios
sociales, entre el año 2011 y 2013 experimentó una reducción de un
6,32%, pasando de 280 euros por habitante y año a 266 euros. Este
gasto es inferior a la media estatal, un 14,27% menos, lo que ha
supuesto una clara degradación en estos servicios en una comunidad
en la que, según Cáritas, 162.000 hogares viven en exclusión
social y el 35% de los menores de 16 años está en riesgo de
exclusión social.
Es
necesario abordar de manera directa políticas que favorezcan a los
colectivos que, por cuestiones físicas o sociales, se encuentran en
una situación de vulnerabilidad y/o discriminados: personas en
situación de pobreza severa, niños, discapacitados,
drogodependientes, personas con enfermedades mentales, mayores. Son
diferentes situaciones y realidades muy condicionadas por el sexo o
la edad, pero también por el nivel de renta, la situación familiar,
los derechos sociales garantizados o el acceso a los servicios
públicos.
No
se trata de dar respuesta a la situación de emergencia por la crisis
y las políticas de recortes que se han llevado a cabo en la
Comunidad de Madrid. Los efectos de estas políticas han supuesto un
aumento de la desigualdad y la exclusión social y una degradación
de los servicios públicos, y es urgente dar respuesta a esta
situación. Pero las políticas sociales que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid debe llevar a cabo van encaminadas hacia un
modelo de servicios sociales basados en la integración, prevención,
emergencia e intervención que tenga como objetivo favorecer la
cohesión social y en bienestar de todas las personas que habitan
nuestra comunidad.
La
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:
Activar
Procedimientos de Emergencia Ciudadana. Se declararán Procedimientos
de Emergencia Ciudadana (PEC) un conjunto de programas que aseguren
el mínimo vital de acceso a bienes y servicios por debajo de los
cuales no pueda encontrarse ninguna persona. Prestaciones referidas
a: alimentación, vivienda, atención a las víctimas de la violencia
de género, desahucios o situaciones de pobreza energética (de
acuerdo a la PNL aprobada en la Asamblea el 17 de Septiembre se
garantizará el suministro de electricidad, agua y gas). Para ello es
esencial la cooperación entre la CM y los municipios y un abordaje
integral de los servicios sociales.
Llevar
a cabo un Pacto por la Infancia que aborde la pobreza y malnutrición
infantil, y que avance hacia la inclusión social. Para ello es
prioritario garantizar la educación inclusiva y de calidad, y una
partida presupuestaria dedicada expresamente.
Llevar
a cabo una revisión de los contratos de la Comunidad de Madrid con
las empresas que gestionan las residencias de ancianos. Dedicar más
recursos para un aumento de plantilla y un aumento de la inspección
en dichos centros para asegurar unas condiciones dignas de las
personas mayores.
Exigir
el cumplimiento estricto de la Convención de los derechos de las
personas con discapacidad. Para ello, promover un plan de atención
integral a las familias con miembros con discapacidad y promover un
plan de formación en vida independiente y asistencia personal para
trabajadores sociales a cargo de expertos en vida independiente
incluyendo, entre otros, a los asistentes personales con experiencia.
Desarrollar
una coordinación de políticas migratorias con los municipios de la
región, especialmente el municipio de Madrid, para la
transversalización de las políticas públicas en esta materia.
Agilizar los informes de integración, que serán gratuitos, e
implementar planes de actuación integrales y armónicos con el resto
de medias adoptadas por los municipios madrileños y el tejido
asociativo. Y promover programas de actuación cuyos pilares sean una
inclusión efectiva de los migrantes y la lucha contra el racismo y
la xenofobia.
RESOLUCIÓN
7. IGUALDAD DE GÉNERO
La
pobreza tiene género y es femenina. Hay dos sectores femeninos a los
que les afecta especialmente la pobreza. Por una parte las mujeres
mayores que viven en su vejez las consecuencias de su inclusión
desigual en el mercado de trabajo o de su dedicación no remunerada a
los trabajos relacionados con los cuidados. El 18,2 por ciento de las
mujeres mayores es pobre frente al 9,9 por ciento de los hombres. El
otro sector es el de las familias monomarentales, es decir, las
compuestas por una mujer y sus hijos e hijas. Hay que tener en cuenta
que cuando las mujeres son pobres, sus hijos también lo son. El 53,
3 de los hogares monomarentales está en situación de pobreza. Una
de cada dos tiene problemas con la vivienda: deudas, desahucio,
impagos…; una de cada cuatro no puede comprar medicinas; más de
una de cada dos no trabaja y sus posibilidades de encontrar trabajo a
jornada completa se reducen a la mitad; cuatro de cada diez están en
situación de pobreza energética.
La
pobreza femenina es el resultado de la fatal combinación entre roles
de género que empujan a las mujeres a los trabajos de cuidado no
remunerados y de la discriminación en el empleo durante la vida
laboral que, a su vez, ofrece a las mujeres peores trabajos y peor
pagados. En la Comunidad de Madrid la desigualdad sigue estando
marcada por la brecha salarial. Las mujeres cobran de media entre
7750 € y 21.000€ menos al año; es decir, un 27,5 % que los
hombres por el mismo trabajo. Además: Las trabajadoras madrileñas
siguen ocupando mayoritariamente el empleo a tiempo parcial, un 74%
frente al 26% de los hombres, lo que conlleva una menor percepción
de salario y por lo tanto de poder adquisitivo y menor cotización a
la seguridad social para futuras pensiones. La tasa de temporalidad
también se ceba en las mujeres (83% empleos temporales)
Los
recortes se han cebado con la igualdad. Servicios públicos
imprescindibles para que las mujeres puedan acceder al empleo en
igualdad, como las escuelas infantiles o los servicios públicos de
cuidado (residencias, centros de día, dependencia…), se han
privatizado y encarecido de tal manera que muchas mujeres han tenido
que volver a hacerse cargo de ese trabajo en exclusiva renunciando
así a una parte de sus vidas, instalándose en la desigualdad y
afrontando, además, las fatales consecuencias descritas en las
futuras pensiones y en el bienestar de niños y niñas.
La
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:
1)
Instar al gobierno del Estado para poner en marcha las medidas
normativas necesarias para asegurar un reparto de los cuidados
igualitario consistente en equiparar los permisos de maternidad y
paternidad elaborando planes para la Conciliación de la Vida Laboral
y Familiar.
2)
Garantía habitacional para las víctimas de violencia machista
asegurando que las mujeres en situación de dependencia económica
tengan una salida a las situaciones de violencia.
3)
Establecer ayudas para las familias monoparentales, el 82% de las
cuales son monomarentales y están altamente expuestas a la
precariedad laboral, la pobreza y la exclusión social.
4)
Fortalecimiento de los
servicios públicos de atención a la dependencia la actuación de
los servicios públicos y profesionales de ayuda a domicilio,
asistente personal, centro de día o residencia antes que la paga a
la cuidadora familiar, siendo este recurso de uso excepcional
5)
Plan de choque contra la brecha salarial consistente en disminuir la
desigualdad en el empleo entre hombres y mujeres y combatir la
precariedad y el paro femenino incluyendo planes de empleo para
mujeres mayores de 45 años.