(Defensa de la PNL en la Comisión de sanidad)
La
PNL que les presentamos se refiere a la externalización que se
realizó en Diciembre de 2013 de la Lavanadería Hospitalaria
Central.
Lo primero me quiero referir a algunos
aspectos generales sobre la situación que la Lavandería tenía previa a su privatización:
La
Lavandería Hospitalaría Central constaba de unas instalaciones
modélicas, donde llegaba la ropa de la mayoría de los hospitales y
centros sanitarios de la CM, en la que trabajaba una plantilla de 340
personas, más el personal que se contrataba para suplencias hacía
que en el año 2013 hubiera, justo antes de la privatización, 373
personas, todas personal del SERMAS entre estatutarios fijos,
interinos y algunos laborales que según las cargas de trabajo
fluctuaba.
Pues
bien la adjudicación a la UTE Flisa-Laundry se hizo por 47,5
millones de euros por cuatro años prorrogables a dos más. Es decir
unos 11.8 € anuales. Cuando el gasto real de los tres años
anteriores -según las Memorias del SERMAS- había sido en el 2011 de
14.9 millones, en el 2012 de 13,8 mill. Y en el 2013 de 12,3 mill.
Señorias
del Partido Popular, adjudicar contratos por debajo del gasto real
que ese servicio viene costando en los ejercicios anteriores solo
puede conducir a un recorte de la plantilla, a la disminución de los
salarios, o a un empeoramiento de la calidad del trabajo que se
presta ...
Esto
es lo que sucedió con la privatización, que de los más de 340
trabajadorxs se ha pasado a 215 actualmente, entre otras cosas porque
no se reconoció la subrogación, cuestión que suele ser la norma en
otras contratas de los servicios sanitarios.
Hay
que añadir que prácticamente la mitad de estas trabajadoras son
personas con diversidad funcional, que necesitan apoyos para
desarrollar su trabajo, apoyos que no siempre cuentan con ellos,
aunque con anterioridad era un centro que realizaba esta labor social
y los tenían. Todo ello hace que la rotación de trabajadores
actualmente sea muy elevada, hasta 600 contratos en los últimos
meses se han realizado, porque si una persona con una determinada
discapacidad no rinde se le despide...
Las
trabajadoras que se quedaron contratadas por la adjudicataria
perdieron su antigüedad (había personal con más de 25 años ) y
demás derechos adquiridos, y pasaron a cobrar algo más de 600 €
mensuales, porque la disminución de los salarios en general fue de
un tercio, incluso en ocasiones del 46%. De cobrar una media de 1200
€ a pasar a cobrar 645 euros al mes. Y pasaron de trabajar 1755 horas anuales a trabajar 1820h.
El
mantenimiento de las instalaciones ha sido tan deficitario que desde
el ambiente que respiran las y los trabajadores, hasta la seguridad en
los puestos de trabajo se ha visto deteriorada y pone en riesgo
la salud de la plantilla.
No
existen los descansos que antes tenían, ni las posibilidades para
cambiarse los uniformes y ducharse antes de abandonar la Lavandería,
con el peligro que representa salir al exterior con una ropa
contaminada.
La
calidad del servicio ha disminuido de tal forma que Flisa no ha
estado cumpliendo con las claúsulas de los Pliegos de la
Adjudicación: No
se han realizado las Auditorias Externas trimestrales,
y en una a la que hemos tenido acceso por la prensa de Mayo a Julio de
2015, se refleja la pésima gestión de la empresa concesionaria, y el
incumplimiento de los parámetros establecido
en el contrato.
Los
controles microbiológicos han sido motivo de numerosas denuncias al
conocerse los resultados de los análisis bacteriólogicos, en los
que había hasta 15 tipos de bacterias en toallas de manos, 12 en las
sábanas blancas, 10 en los camisones de los enfermos o cinco en los
paños de quirófano.
Y en la práctica diaria lo
que está sucediendo es que más de un tercio de la ropa que reciben
19 hospitales públicos madrileños se considera “no utilizable”...
Dando lugar a que haya que comprar ropa nueva... Por cierto a una
empresa que tiene que ver con esta UTE!!!
Todo
ello pone en entredicho la seguridad tanto para los trabajadores/as
de la propia Lavandería como para los/as profesionales sanitarios/as
que tienen que usar esa ropa, e igualmente para los pacientes de los hospitales
donde llega la ropa en esas malas condiciones.
La
empresa adjudicataria también es la responsable de los aspectos que
suponen el impacto medioambiental de todo el proceso que se lleva en
la Lavanderia. Solo hay que recordar las denuncias por la extensión
de residuos como bolsas de plástico contaminadas por la Vega del
Jarama.
Por
otra parte los certificados de Calidad ISO con los que contaban las
instalaciones de la Lavandería antes de su privatización se han
perdido, es más se acaba de estar durante 6 meses sin certificado de
calidad y gestión Ambiental, y el que se tiene actualmente solo
evalúa la gestión.
Todo
esto ha llevado a la La
Plataforma por unos Servicios 100 x 100 Públicos ha registrar en la
Asamblea 25.607 firmas que han recabado entre las/os
sanitarios y pacientes reclamando la rescisión del contrato de
lavandería.
Por
todo ello mi grupo parlamentario PODEMOS pide al Gobierno de la
Comunidad de Madrid en esta Propuesta No de Ley que se reintegre la
Lavandería Hospitalaria Central al SERMAS.