En
las dos últimas décadas pero sobre todo desde la aprobación de la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de Dependencia (2006), se han multiplicado las
residencias de ancianos en numerosas localidades de nuestra
geografía. También se han extendido los cuidados profesionales
domiciliarios y los centros de día para ancianos y dependientes.
Estos
cuidados que han necesitado desde siempre las niñas y los niños,
las y los ancianos y las personas con diversidad funcional son los
que han desempeñados habitualmente las mujeres, y que ahora poco a
poco, muy lentamente, se han ido institucionalizando y
profesionalizando con el impulso de la conocida como ley de
dependencia.
Sin
embargo este pilar del estado de bienestar no se ha desarrollado como
era de esperar, ha faltado voluntad política y en los últimos años
han sobrado recortes prespuestarios. De esta forma muchos de los
avances que en su día la ley contemplaba han quedado en papel
mojado, al tener que depender su puesta en marcha mayoritariamente de
los presupuestos de las CCAA. Otra parte menor constituye la
aportación del Estado y las Corporaciones Locales. Si bien hoy día
la tardanza en reconocer el grado de dependencia y las modificaciones
de los baremos a la baja ha hecho que unos 433.852 están en lista
de espera, de un total de 1.186.653 dependientes. Y no solo están en
lista de espera los moderados, sino que hay 32.312 grandes
dependientes y 59.109 dependientes severos esperando. El futuro no
pinta mucho mejor, dado que con la subida anunciada de 75 Millones en
los presupuestos de próximo año atender a todos los que esperan
llevaría 25 años.
Las
diferentes modalidades de cuidados que prevé la citada ley para los
y las mayores o personas con diversos grados de dependencia son:
residencias en régimen de día y noche, sólo de día, o cuidados
domiciliarios, estos pueden ser profesionales o los que desarrollen
las familias, recibiendo algún tipo de subvención por ello.
Las
residencias y demás centros de cuidados estan gestionados
habitualmente por empresas con ánimo de lucro, pues son muy escasas
las que están gestionadas de forma directa por ayuntamientos u otros
entes públicos. Suelen ser multinacionales que han ido copando la
gestión de la mayoría de estos centros y de los cuidados
domiciliarios tanto en España como en toda Europa. Entre ellas se
encuentran Clece (ACS), SARquavitae, Orpea, Amma, Aralia, Eulen
Servicios SocioSanitarios, Geriatros, Sanitas, etc. El resultado de
la privatización de estos cuidados está repercutiendo tanto en la
atención a los dependientes como en las condiciones laborales de los
y las trabajadoras.
En
plena crisis estas empresas han aumentado sus ingresos a base de
recortes en la calidad de los cuidados y la explotación de los
trabajadores. La atención de profesionales como fisioterapéutas,
trabajadores/as sociales, rehabilitadores, auxiliares, personal de
enfermería y médicos ha disminuido de forma alarmante en muchas de
estas residencias. Por lo que la alimentación, la medicación
necesaria y la higiene se vuelven deficientes, con los riesgos que
tiene para la salud y el bienestar de las ancianas y ancianos.
Por
otra parte, las condiciones laborales de todos los profesionales que
trabajan en estas residencias, centros de día o cuidados
domiciliarios se ha deteriorado, siendo la norma la precariedad, los
bajos salarios, las malas condiciones laborales y las elevadas cargas
de trabajo.
Debido
a esto hoy en día buena parte de las residencias y centros de día
han recibido numerosas reclamaciones,como la vergonzosa situación en la que se encuentra la de Peñuelas, a las que en pocas ocasiones
han respondido, con celeridad para solucionarlo, las consejerías
correspondiente, habitualmente la autoridad sanitaria o de servicios
sociales.
En
la Comunidad de Madrid numerosas residencias están en manos de unas
empresas que se lucran con el cuidado de nuestros mayores. Una de las
estrategías que siguen es la presentación de unos pliegos para su
adjudicación a precios muy por debajo del coste real, así consiguen
las contratas sin que la Consejería de Política Social y Familia
compruebe ni la calidad de los servicios, ni las condiciones en que
se atiende a los dependientes, ni las características leoninas de los
contratos de las y los trabajadores encargados de los mismos.
Carmen San José Péreez